Destacan que el clero cuenta con 15 propiedades rurales, que suman 387 hectáreas, y 197 urbanas, con un total de 800 mil metros cuadrados. Impulsan un proyecto de ley.
Distintas organizaciones sociales y políticas promueven un proyecto de ley para que el Estado tenga la facultad de cobrar impuestos inmobiliarios y sellos sobre los bienes de la Iglesia católica. La propuesta, que será presentada a la prensa hoy a las 10, es impulsada por el bloque de diputados provinciales del Partido Obrero y apunta a modificar específicamente los artículos 126 y 275 del Código Fiscal Provincial.
Uno de los fundamentos del proyecto fue el que planteó el diputado provincial Arturo Borelli. El legislador destacó que, según un informe presentado por la Dirección de Inmuebles por pedido del Partido Obrero, la Iglesia católica cuenta en Salta con un total de 212 propiedades.
En detalle se destaca que, de ese total, 15 son rurales y abarcan unas 387 hectáreas, mientras que 197 son urbanas y representan un total de 800 mil metros cuadrados. «Las propiedades son, en su enorme mayoría, donadas por el Estado, destacándose, por ejemplo, Potrero de Linares, de 130 hectáreas en La Silleta, en donde se tercerizó y privatizó la atención de las personas que sufren adicciones», especificó el diputado.
Borelli destacó que el objetivo de la norma no solo apunta a tener un Estado más equitativo con el total de su población sino que «se busca dar un paso adelante en la necesidad de separar la Iglesia del Estado. Esta es una conclusión directa de la reciente lucha por el derecho al aborto legal».
Al respecto, el diputado Claudio Del Plá expresó que el sostenimiento económico de las religiones y, en particular de la católica, punto establecido en la Constitución Nacional y ratificado por la Provincial, «entraña un privilegio y una imposición sobre el conjunto de la población».
«Una cuestión de orden privado como la creencia religiosa adquiere el carácter de orden público, colocándose por encima del conjunto de la sociedad con sus propias leyes, valores y métodos, que adquieren así una predominancia fundamental para imponerse. La eliminación de este sostenimiento tiene un sentido claramente democrático», manifestó Del Plá.
El legislador provincial habló además sobre la incidencia que tuvo la Iglesia católica en la definición de políticas públicas en los últimos años.
«El peso del clero se pudo ver no solo en la discusión de la ley de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), sino en las modificaciones al Código Civil y Comercial bajo el kirchnerismo, en su oposición a la enseñanza de la educación sexual, en la campaña contra el uso de preservativos para prevención del VIH, contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y en su discriminación a la diversidad sexual. Esta intervención reaccionaria contra un enorme sector del pueblo que no comulga con su dogma, se hace paradójicamente con recursos del pueblo», explicó Del Plá.
Arturo Borelli aseguró que este proyecto trae el impulso de la lucha por el derecho al aborto legal.
La iniciativa se plantea cuando acaba de lanzarse en el país la Campaña Nacional por un Estado Laico, que lleva el símbolo de los pañuelos naranjas con la leyenda «Iglesia y Estado, Asuntos Separados».
El pañuelo naranja
“La idea del armado del pañuelo para la Campaña Nacional por un Estado Laico surgió como necesidad de unir fuerzas”, explica Taty Barranco, encargada de armar el grupo que impulsa la separación de Iglesia y Estado. En menos de dos días, se habían sumado más 25 mil participantes y, tres días después, llegaron a un acuerdo y nació el primer pañuelo que simbolizará la lucha a nivel nacional.
“Ya sabemos que la Iglesia no solo presiona para intervenir en el armado y la sanción de las leyes sino también para entorpecerlas y seguir reproduciendo el patriarcado más retrógrado y machista”, aseguró Barranco, quien es militante feminista. “Me parece que es muy importante el impacto visual en las calles de una insignia como es el pañuelo, esta vez naranja, para mostrar que estamos acá”, expresó.
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