Es el amigo del presidente, y dueño del departamento en el que Alberto Fernández vivía en Puerto Madero. Lo embargaron por $ 3,5 millones.
El juez federal en lo Penal Económico Gustavo Meirovich procesó a Enrique «Pepe» Albistur por evasión impositiva, al encontrarlo responsable de retener de manera indebida los aportes de sus empleados del Grupo Al Sur SA. El magistrado lo embargó en 3,5 millones de pesos. El amigo del presidente Alberto Fernández ya apeló la medida.
La causa inició por la presunta apropiación indebida de los montos retenidos por Grupo Al Sur S.A. en concepto de aportes a la seguridad social a sus empleados, «en el período fiscal 10/2015, por la suma de 304.110,34 pesos, al no haberlos depositado dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso», sostiene la resolución al a que accedió Clarín.
En este sentido, el exsecretario de Medios durante la gestión kirchnerista y dueño del departamento de Puerto Madero en el que Alberto Fernández vivía hasta asumir como presidente, fue acusado por evasión impositiva. La denuncia la formuló la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, que depende de AFIP.
Desde que ingresó la denuncia a los Tribunales de calle Inmigrantes, la causa estuvo delegada en la fiscalía a cargo de Gabriela Ruiz Morales. En la imputación se consignó que había elementos suficientes para responsabilizar a Albistur por la retención indebida de aportes «en marcada violación a lo expresado por la ley».
«La omisión de depósito de la suma retenida en concepto de aportes a la seguridad social no se justificaría ni siquiera en el supuesto que aquellos fondos hubiesen sido destinados a afrontar otras obligaciones de la sociedad que se trata, pues la suma en cuestión, una vez que ha sido objeto de la retención correspondiente, no pertenece al patrimonio de la sociedad ni al patrimonio de sus responsables, ni tampoco constituye una fuente alternativa de financiamiento al que aquéllos pudiesen libremente acudir para la continuación, el desarrollo o el mejoramiento de la respectiva explotación comercial», sostuvo el juez Meirovich en la resolución.
En estos procesos la justicia distingue también la responsabilidad del holding, ya que el mismo es contribuyente ante el fisco, independientemente de la persona física, es decir evalúan también la voluntad institucional en este caso, de retener los fondos que debían dirigirse a los aportes de los trabajadores.
Por ese motivo la justicia investiga también a quien estaba al frente de la compañía, es decir a «Pepe» Albistur, quien ejercía la presidencia durante el período fiscal bajo investigación. La empresa vinculada a la pauta oficial gubernamental, «retuvo de manera indebida los fondos que debían dirigirse por ley a sus empleados», indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Cuando fue indagado, Albistur dijo que se había autorizado “la cancelación” de la deuda en cuestión, y que ésta, al momento de la audiencia indagatoria, se encontraba “íntimamente cancelada”. Respecto de esta afirmación, el juez Meirovich dijo que «la eventual cancelación de obligaciones tributarias o previsionales en los términos del decreto 852/14 no implica per se la extinción de la acción penal»:
Bajo ese mismo argumento, amplió el planteo y sostuvo que «desde la óptica del régimen penal tributario para este caso concreto, el acuerdo tampoco incide en la conducta que se investiga. Debe tenerse presente que el vencimiento para el ingreso de los aportes retenidos en el mes de octubre de 2015 operó el 13 de noviembre del mismo año».
Entre diciembre 2020 y septiembre 2021, según los registros publicados por la Casa Rosada, el Grupo Al Sur SA recibió del Gobierno de Alberto Fernández en concepto de pauta oficial para vía pública un total de 16,11 millones de pesos.
El holding bajo investigación judicial administra el teatro ND/Ateneo y la firma de publicidad en la vía pública Wall Street, que tiene la licitación del mobiliario urbano al 33%; otras dos empresas se reparten el restante 66% en partes iguales. Son Sarmiento, de la familia Terranova y PC Vía Pública de Gabriel Romero, uno de los empresarios que aparecieron nombrados en causa de los cuadernos de las coimas.
Como ya contó Clarín, Albistur sumó en estos años un extenso listado de firmas que conformó para el rubro de la publicidad: Wall Street Vía Pública, Liberapart, Accal, ND, Equipos de Difusión -que firma cartelería de propaganda oficialista exhibida en la ciudad periódicamente- Alto Vuelo Comunicación, Editorial del Norte, Quintana Comunicación, SistoLemme y Cía, Publicidad Rainbow, Estación Tango, Teleroad, Grupo al Sur, Almural, Invaldi, y Onda Norte.
Antes de declarar el año pasado, Albistur estuvo abocado a la campaña electoral de su esposa Victoria Tolosa Paz, quien competía como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Conocido por ser también uno de los principales asesores de Alberto Fernández en temas del sector de las comunicaciones, fue responsable de dar su visión sobre temas amplios: Arsat, los medios públicos, la distribución de la publicidad oficial.
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