El fiscal federal Guillermo Marijuan se basó en un informe de la AFIP y el Ministerio de Desarrollo Social sobre 1.383.279 beneficiarios de planes sociales para denunciar en la Justicia las irregularidades y pedir que se le suspenda el beneficio a los que compraron dólares. Pero en ese informa además detectó que hay planeros que pagaban una prepaga, tenían autos 0KM e incluso eran propietarios de más de una propiedad o eran titulares de barco y aeronaves.
El cruce de información que devino en la denuncia penal por fraude al Estado, se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del Programa Potenciar Trabajo. El objetivo inicial era estadístico y el primer dato fue global, no individualizado para no comprometer a al organismo recaudador respecto al cumplimiento del secreto fiscal.
En líneas generales se detalló que el mencionado programa que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, contaba con 253.184 personas de ellos (el 18,30%) que habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales. También que 35.398 beneficiarios (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses.
Ante estas irregularidades iniciales el fiscal Marijuan pidió dicho relevamiento y/o entrecruzamiento de datos en cuestión, tanto a la AFIP como a la cartera responsable de los programas de ayuda social.
Del informe que el Ministerio de Desarrollo Social envió al fiscal, surge que se solicitó un cruce de información con indicadores relacionados a cuestiones económicas financieras de los titulares del Programa Potenciar Trabajo. Ante ello la AFIP procedió a la compulsa de las bases de datos de ese organismo, a efectos de identificar consumos de los referidos titulares con tarjetas de crédito/débito que excedieran en dos o más veces las acreditaciones bancarias efectuadas por el Ministerio.
A ese primer entrecruzamiento de datos se le sumó otra información: aquella que refiere a los ingresos de los últimos seis meses, manifestación patrimonial en declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales incompatibles con el beneficio y/o tenencia de bienes muebles e inmuebles, información previsional, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud, que hayan fallecido, entre otras variables.
Como resultado del relevamiento efectuado por la AFIP, sobre 1.383.279 casos, se obtuvo que:
– 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
– 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
– 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.
– 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave.
– 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad o 0km.
– 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior.
– 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros
– 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.
– 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.
– 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
– 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
Frente a estos números el fiscal Marijuan solicitó que una vez que se abra la investigación penal correspondiente «se proceda de manera inmediata a ordenar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y a la AFIP que Ministerio Público de la Nación suspendan la totalidad de los planes involucrados y cuya nómina es secreta y reservada de la AFIP, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del plan, que actualmente no aparecen correlacionados con las bases de datos del Estado Nacional».
Al analizar el informe individualizado el fiscal Marijuan sostuvo que la normativa que permite acceder al plan asistencial «no resulta compatible y en consecuencia no puede ser otor’gado a aquellos individuos que estén obligados a presentar declaración de bienes personales».
En consecuencia, entendió que con esta documentación «la acción delictual defraudatoria al Estado Nacional» se generó por parte de «cada beneficiario que habría engañado a la Administración Pública presentándose como un sujeto en condiciones de carencia económica para recibir una ayuda, colocando al funcionario de Desarrollo Social en un estado o situación de error que lo llevó a aceptarlo como tal, con la consecuente disposición patrimonial perjudicial que cada plan mes a mes implica para las arcas del Estado Nacional».
Cargando ...
Agregue un Comentario