Se investiga si hubo connivencia entre funcionarios de la gestión de Alberto Fernández y empresarios para acceder a dólares a precio diferencial y hacer enormes ganancias con la compra de aeronaves.
El 7 de noviembre de 2023, una foto tomada en el aeropuerto Galeão de Río de Janeiro recorrió las redes sociales. Estacionados en territorio brasileño se encontraban decenas de aviones de matrícula argentina a la espera del regreso de sus pasajeros fanáticos de Boca que asistieron a la final de la Copa Libertadores con Fluminense. Lo que pasó desapercibido fue que de las 33 aeronaves identificadas (listado que fue publicado en Twitter por un “spotter” de vuelos) por lo menos seis se encontraban investigadas por la Justicia bajo sospecha de que habían sido importadas al país de contrabando.
confirmó este dato a partir de acceder a documentación oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil, la Secretaría de Comercio, la Aduana y el Banco Central, incluidos dos listados integrados a la causa penal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.
Estos documentos permiten entender la magnitud de la maniobra alrededor de la importación de aeronaves durante la gestión de Alberto Fernández, que LA NACION reveló una semana atrás y que involucra a exfuncionarios y empresarios.
Entre 2020 y 2023, se aprobó la llegada a la Argentina de 949 aviones. Aun considerando que algunos de ellos ya tenían matricula local, el crecimiento es sugestivo: de los 2428 aviones matriculados entre 2010 y 2024, el 40% fueron importados durante la gestión de Alberto Fernández.
Es decir, en cuatro años de mandato de Unión por la Patria se matricularon casi el doble de aeronaves que en los 10 años previos. Del total de importaciones, 173 se concretaron en 2020, 352 en 2021, 274 en 2022 y 149 en 2023.
En 2021, el año de mayor cantidad, fue el que disparó la investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuan y la posterior denuncia de Santiago Dupuy de Lome, un abogado habitué de los pasillos de los tribunales, cuyo planteo recayó en la fiscalía de Eduardo Taianoy el juzgado de Ariel Lijo.
Luego de años de paso cansino de la causa en el juzgado de Lijo, la semana pasada se sumó una denuncia presentada por miembros de la Coalición Cívica en el fuero penal económico. Esta nueva presentación recayó en el juzgado N° 9, a cargo de Javier López Biscayart, quien ya solicitó algunos detalles procesales a los denunciantes.
De los listados evaluados por la AFIP, el de aviones a hélice con peso al vacío inferior a 2000 kilogramos es el que más ingresos tuvo.
Se trata de aviones livianos, categoría en la que se encuentran grandes disparidades de valores: desde un Cessna 150M reportado a US$9000 hasta aviones de pasajeros por US$1,5 millones. El total importado asciende, según este listado, a unos US$4019 millones de valor FOB (el costo de los bienes en el punto de carga) declarado.
Los números sorprenden al tener en cuenta los altos niveles de restricción a las importaciones que hubo durante la gestión anterior, especialmente en los últimos dos años. Proliferaba la importación sospechosa de aviones, mientras no había dólares para comprar medicamentos.
El negocio fue hijo de la brecha cambiaria. Por sí solo, no implica un ilícito. Este se configura de comprobarse que los importadores incurrieron en sobrefacturación o subfacturación (declarar un monto distinto al que realmente vale la aeronave), no trajeron efectivamente el bien a la Argentina o existieron coimas para la aprobación de la autorización para importar. Para los funcionarios públicos, se evalúan incumplimiento de los deberes y posible cohecho, en estas maniobras, al facilitar millones y millones de dólares a valor oficial, que luego generaban ganancias siderales entre los empresarios importadores.
La operatoria
Al acceder a autorización para comprar dólares oficiales baratos mejoraban las condiciones para hacer las importaciones. La brecha cambiaria generaba incentivos para hacer diferencias entre ambas cotizaciones.
Los permisos (SIMI, SIRA, régimen de licencias automáticas o no automáticas) cambian periódicamente, pero generalmente involucran a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, la AFIP, Aduana y el Banco Central.
La aprobación sucesiva de estos organismos siempre presentó algún grado (variable) de discrecionalidad.
En general, el importador iniciaba el trámite y presentaba elementos como facturas comerciales, montos, plazos y detalles de la operación. Luego se le autorizaba o no a hacer la importación. Para concretar una operación de estas características, el bien se declaraba a un valor superior al que realmente cotizaba. Así, los beneficiarios accedían a más dólares de los necesarios para comprar.
Fuente: La Nación
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