El organismo que manejan EE.UU. y Europa Occidental consideró el aumento de las sentencias por lavado y los decomisos de bienes de la corrupción y el narcotráfico, más que la polémica actuación del gobierno de Alberto Fernández en la lucha contra el lavado de dinero.
En forma paradójica la condena al socio de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa de la Ruta del Dinero K sirvió para que el GAFI no sancionara a la Argentina enviándola a la lista gris de los países no cooperantes.
Más que la gestión del gobierno de Alberto Fernández entre el 2019 y el 2024 que usó a la Unidad de Información Financiera (UIF) para lograr la impunidad de la ex presidenta, pesó en la decisión del GAFI el avance de la Justicia en las condenadas y decomisos de bienes a lavadores de plata de la corrupción, el narcotráfico o la evasión impositiva, entre ellas la de Báez.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su representante y titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) Juan Tomás Rodríguez Ponte, recopiló de todo el país e informó que el periodo 2019 a marzo de este año se dictaron 91 sentencias condenatorias en materia de lavado de activos. Entre ellas, en febrero de 2011, el Tribunal Oral Federal 4 lo halló culpable por el blanqueo de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 a Báez, aunque la ex presidenta está ahora en un limbo jurídico en la causa residual de ese tema, aunque la sentencia aún no quedó firme.
La primera ley contra el lavado se dictó durante la gestión del ex presidente Fernando De la Rúa y la Argentina había registrado, hasta ahora, pocas condenas por el delito de usar plata negra.
Además, respecto de las 91 sentencias condenatorias en materia de lavado de activos correspondientes al periodo 2019 a 2024 se condenaron 326 personas (310 personas físicas condenadas y 26 personas jurídicas sancionadas).
Más de un tercio de las condenas relacionadas con el lavado de activos “se han obtenido en CABA y PBA, donde se desarrolla la mayor actividad económica del país. Asimismo, se han obtenido condenas en las provincias del norte y centro del país, como Chaco, Corrientes, Salta, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe (Rosario)”, según el informe de Rodríguez Ponte al que accedió Clarín.
En lo que respecta al lavado de activos, el Poder Judicial de Argentina “logró el decomiso tanto del producto como de los instrumentos del delito en casi todos los casos en los que se logró una condena (82 decomisos de 91 condenas)”. Por esos decomisos ya se recuperaron casi 80 millones de dólares.
Para conseguir estas estadísticas clave, se realizaron desde el año 2021 “diversos requerimientos de información a las autoridades judiciales cuya importancia radicó en que la información obtenida fue producto de la utilización de una metodología de recopilación de información caso a caso, de manera anonimizada y disociada, a fin de poder obtener información de calidad pero con resguardo de la confidencialidad”.
Esto permitió contar con estadísticas en materia de lavado de activos y recupero de gran parte del Poder Judicial de la Nación que permitieron “dar cuenta al equipo evaluador del trabajo realizado por el Poder Judicial y, a su vez, convertirse en un insumo fundamental para la toma de decisiones que mejoren la efectividad”, informó la Corte en un comunicado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su representante, formó parte del equipo de trabajo que llevó adelante la Evaluación Mutua de la República Argentina ante el GAFI. “Esta decisión estratégica posibilitó que el Estado Nacional no fuera incluido en la lista gris en materia de LA/FT”, resaltó el comunicado.
Por primera vez, se recopiló y sistematizó información sobre causas de lavado de activos de todo el Poder Judicial de la Nación y fue utilizada como insumo de trabajo para la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de Activos de la República Argentina y, con posterioridad, para la Evaluación Mutua ante el GAFI.
Desde el inicio del proceso, se enviaron 1142 requerimientos estandarizados de información, en distintos momentos del proceso de evaluación, a autoridades judiciales de todo el país, que luego fueron consolidados, sistematizados y parametrizados.
Fuente: Clarín
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