Con el inicio de otra semana de huelgas, el viernes sumará ya 30 jornadas de protestas. El último paro se lanzó «ante la falta de respuestas satisfactorias del Gobierno al reclamo salarial».
A la sombra del flagelo de las inundaciones que golpean a la provincia, la comunidad educativa chaqueña atraviesa un 2019 crítico que azota de lleno al ciclo lectivo, de la mano de un duro conflicto salarial del gobierno del peronista Domingo Peppo con los gremios docentes que acumulará al viernes que viene ya 30 días de paro desde el retorno a las aulas del 6 de marzo.
Con mayor o menor acatamiento según la jornada, las medidas de fuerza erosionaron el dictado de clases desde el mismo 6-M, con la única salvedad de los acatados 5 días de conciliación obligatoria, que terminó en naufragio.
La embestida del Frente Gremial Docente -que integran Atech, Federación Sitech, Utre-Ctera, Sadop, Setproch y Ugrebi- se profundizó en las últimas horas, con el llamado a otra semana completa de paro desde este lunes, ya sobre el filo del inicio de mayo, “ante la falta de respuestas satisfactorias del Gobierno al reclamo salarial”.
Las protestas sumarán además caravanas con bocinazos, marchas de antorchas y “la permanencia y vigilia en las plazas de las localidades en toda la provincia”.
Una postal que, en rigor, otros gobernadores procuraron evitar con el sellado de anticipados acuerdos salariales con los maestros para esquivar en un año electoral un conflicto con riesgosa traducción en las urnas, y que encuentra a Peppo con sueños reeleccionistas que chocan intestinamente con la aspiración de retorno del intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, y con la pretensión del radical Carim Peche de arrebatarle en las urnas al justicialismo el control de la provincia.
Los docentes rechazan el último aumento salarial ofertado por Peppo, que consiste en un 29,5% en cuotas hasta enero, y exigen una suba de al menos el 30% (ya les otorgaron el 10%), pero a aplicar “ya, en abril o mayo”.
“La recomposición salarial es el eje central de los reclamos debido a que la situación es insostenible”, remarcan, además de advertir que pesa sobre los maestros chaqueños una pérdida de poder adquisitivo del 40% sólo por 2018 (tras la inflación récord del 47,6% del año pasado), y del 50% si se suma 2017. “Los gremios plantean una situación imposible de afrontar para nosotros”, argumentó Peppo desde la vereda oficial, y prometió otorgar “un reconocimiento a los docentes que van a dar clases, que están al frente del aula y que han entendido que primero están los chicos y que no han llevado adelante procesos que han perjudicado a los niños”.
Según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, Chaco integra el lote de provincias donde “el salario docente no alcanza siquiera la media nacional, por debajo de los 20.000 pesos mensuales”.
El conflicto podría sumar en las próximas horas nuevos elementos de conflictividad, a partir del asesoramiento que el Gobierno de Peppo recibe del Ministerio de Educación nacional, que conduce Alejandro Finocchiaro. “Existen 14 entidades gremiales docentes en Chaco pero muy pocas están realmente habilitadas legalmente para ejercer la representación”, afirman desde despachos nacionales.
El secretario general de Utre-Ctera, Carlos Cuevas, aseguró a Ambito que sólo hubo dos reuniones con el Gobierno provincial, el 28 de febrero y el 8 de abril. “Desde ahí no nos reunimos más”, dijo. “En 2017 tuvimos una suba del 7,5% anual y en 2018 fue del 10% anual, y este año en cuotas un 29,5% que se termina de cobrar en enero”, agregó.
“En dos años la pérdida de poder adquisitivo fue de más del 50%”, enfatizó por su parte ante este diario Adalberto Tomadín, desde Federación Sitech.
Pero además la tensión escaló luego de que, tras el fracaso de la conciliación obligatoria. Peppo definiera por decreto el 1ro. de abril la ”emergencia educativa” en la provincia por un año, destinada a garantizar el derecho a la educación y el cumplimiento del cronograma de clases.
Sin embargo, la iniciativa fue luego suspendida por un tribunal, lo que se ganó la queja del mandatario. “Me parece una intromisión de la Justicia, ya que como gobernador tengo las facultades para optimizar la gestión que hace a un tema tan delicado como el que está viviendo el sistema educativo”, disparó Peppo.
En la otra vereda, el frente gremial exige que las autoridades provinciales “cumplan el fallo judicial que suspendió el decreto de Emergencia Educativa por violentar todo el ordenamiento jurídico, conculcando derechos constitucionales de todos los integrantes de la comunidad educativa”.
En esa línea, pidieron que se derogue el decreto por “la arbitrariedad manifiesta que ese instrumento representa y, fundamentalmente como gesto político, ordenando convocar a la par a la Comisión de Política Salarial para resolver el conflicto con respuestas satisfactorias que no ameritan más dilaciones”.
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