El Gobierno cambió los integrantes de la comisión normalizadora, quienes deberán realizar un informe cada dos meses para regularizar el trabajo del organismo de las comunidades originarias.
El Gobierno de la Provincia decidió ampliar, en principio, seis meses más la intervención al Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), argumentando que aún no se pudieron normalizar las razones de desmanejo que originaron la intervención hace casi un año, publicó El Tribuno.
Además, en el decreto que se publicó ayer en el Boletín Oficial, se señala que se conformó una nueva comisión interventora. A partir de ahora José Ignacio Campos Bertoldi, Sebastián Ramiro González e Ignacio Matías Colom «se desempeñarán en carácter ad honorem, a partir de la toma de posesión de sus funciones», concluye el documento.
El 28 de febrero de 2019 el Gobierno provincial dispuso por decreto la intervención administrativa del IPPIS. En ese momento, un informe especial de auditoría remitido por la Sindicatura General de la Provincia en relación a la institución había llamado la atención sobre numerosas irregularidades en la administración económica y financiera en la entidad autárquica.
Cheques que no están en las chequeras, faltante de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras e informes de movimientos de cuentas bancarias son algunas de las irregularidades que se le adjudican al Instituto.
Esta intervención se prorrogó en mayo, luego en agosto y ahora nuevamente. En el Boletín Oficial de ayer se señala que «el informe emitido por la comisión interventora, de fecha 26 de diciembre del año 2019, surge que a la fecha subsisten los motivos que generaron originariamente la intervención, ello atento a que no han podido subsanarse las observaciones señaladas por la Sindicatura; no encontrándose las autoridades del IPPIS en condiciones de asumir la correcta conducción del ente».
De acuerdo a lo que se informó, «se estima oportuno conformar una nueva comisión interventora y normalizadora interina, con el fin de que regularice el funcionamiento del ente y se pueda convocar a elecciones de las autoridades que asuman la plena conducción del IPPIS».
El decreto también señala que los miembros de la comisión deberán remitir al Poder Ejecutivo un informe bimestral completo sobre las acciones adoptadas, debiendo procurar resolver los conflictos existentes en un plazo de seis meses a partir del dictado del presente.
La comisión normalizadora anterior estaba integrada por Andrés Ramiro Chávez, José Ignacio Campos Bertoldi (quien sigue en la nueva comisión) y Adriana Cantarero. Ellos habían empezado a trabajar el 28 de febrero del año pasado.
Los imputados
El mismo día que el Gobierno decidió dar la primera prórroga (28 de mayo de 2019), se dio a conocer que la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, imputó a tres autoridades de la institución por fraude a la Provincia. Entre los acusados se encuentran Romelia Beatriz Durán (representante pueblo Toba), Alejo Gallardo (Chulupí) y Samuel Guillermo Centeno (Chorote), presidente y vocales, durante el período 2017.
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