También se solicitó que declaren los integrantes de la empresa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió hoy la indagatoria de Oscar Aguad por su rol como ministro de Comunicaciones en el acuerdo entre la empresa Correo Argentino, de la familia del presidente Mauricio Macri, con el Estado por el pago de una deuda millonaria, según informó El Tribuno.
El pedido de Pollicita fue presentado al juez Ariel Lijo, que está a cargo de la investigación sobre el acuerdo que se había negociado -aunque no se formalizó- entre el Estado nacional y el Correo Argentino para el pago de una deuda reclamada luego del concurso de la compañía.
Además de Aguad, que ocupó el Ministerio de Comunicaciones hasta 2017, cuando asumió en su actual cargo de ministro de Defensa, Pollicita le solicitó que también preste declaración indagatoria Juan Mocoroa, que estaba a cargo del área de Legales de esa cartera.
También solicitó que declaren los integrantes de la empresa Correo Argentino Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher.
En su dictamen, el fiscal consideró que «existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo» entre la empresa y el Estado «fue espuriamente concebido» y «buscó beneficiar a la empresa concursada».
Según señaló Pollicita, el acuerdo «comprometió abusivamente al Estado Nacional, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años».
El fiscal indicó que «según quedó evidenciado a lo largo de esta presentación, la concertación de voluntades cuestionada, por la que deberán dar explicaciones las personas involucradas, fue en buena medida posible por la existencia previa de un desnaturalizado trámite concursal».
Ése trámite, según afirmó, «sirvió de contexto para que intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales en detrimento de la administración pública».
«Ese mismo escenario permitió que los funcionarios públicos cuya intimación se propicia se movieran con la libertad de quien encuentra solución a una controversia que parecía no tener fin, seguramente alentados por la impunidad que, en el contexto de un inexplicablemente prolongado y engorroso trámite —aunque también complejo— creyeron garantizada», concluyó Pollicita.
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