Según indicaron, la acusada podría eludir la acción de la justicia, en virtud de los contactos que tiene con efectivos de las fuerzas policiales y el supuesto monto de dinero que tendría en su resguardo para presumir que podría fugarse, y entorpecer la investigación de los hechos denunciados, y de la misma manera, intimidar a testigos y víctimas con promesas de reparación dineraria”.
Insólito acuerdo
En septiembre, los abogados ya habían presentado al Juzgado de Garantías 3 un requerimiento de libertad de Moya y Párraga y, en su defecto, de arresto domiciliario, en función de un insólito acuerdo que habían puesto a disposición de los damnificados por el cual las imputadas se comprometían a la devolución del dinero a cambio de que las mismas ratifiquen la inocencia de los imputados, la inexistencia de ilicitud y su libertad.
La UDEC se opuso por considerar que los contratos tenían un tinte extorsivo hacia las víctimas, por lo que dio intervención a la Fiscalía Penal 2. Además, detectó que los inmuebles ofrecidos en garantía eran inexistentes o afectados a bien de familia.
Abogado, imputado por prevaricato
Por otra parte, Salinas Odorisio imputó al abogado de Moya por prevaricato ya que el 3 de agosto de 2022 se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto, el abogado ingresó por mesa de entrada virtual del Ministerio Público, una presentación manifestando que renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya, Alejandra Párraga y Antonella Leal.
La causa
La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego abrió una sede en la capital de Salta. La modalidad de operatoria empleada fue la conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.
De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cinthya Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.
Hasta el momento son 29 los imputados, 14 de ellos miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.
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