La ex funcionaria, quien se desempeñó en el Juzgado Federal 2 de Salta, fue sobreseída por prescripción de la acción penal. El fallo, que no se encuentra firme, fue considerado erróneo por el fiscal de Transición Carlos Amad.
En una audiencia de apelación celebrada esta mañana ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el fiscal de Transición de la Unidad Fiscal de esa jurisdicción, Carlos Martín Amad, apeló una resolución de sobreseimiento por prescripción de la acción penal dictada en favor de la ex secretaria penal María Isabel Falú.
Abierta la audiencia, presidida por el juez Alejandro Augusto Castellanos junto al vocal Guillermo Elías y la vocal Mariana Inés Catalano, el fiscal general expuso su oposición al fallo dictado el 13 de noviembre de 2020 por el juez federal de Jujuy Esteban Eduardo Hansen, mediante el que se dispuso el sobreseimiento de Falú, quien se desempeñaba como secretaria penal del Juzgado Federal 2 de Salta.
Tal medida fue fundada en la supuesta prescripción de la acción penal, lo cual, a consideración del fiscal Amad, “no es así”. El representante del Ministerio Público Fiscal estimó que lo resuelto por el juez instructor “no tiene sentido y es totalmente contradictorio en sí mismo”.
Explicó que dicho magistrado, en un primer pronunciamiento del 14 de mayo de 2019, se expidió por el procesamiento de la funcionaria. Posteriormente, ante un planteo de la defensa sobre el mismo objeto procesal, resolvió el sobreseimiento por prescripción de la acción penal el 13 de noviembre de 2020.
“Lo hecho por este magistrado no tiene sentido, pues en un momento sostiene que el día es obscuro y luego dice que la noche es clara”, describió Amad sobre los fallos emitidos en torno a este caso, en el cual no descartó cierta “pasividad y picardía” por parte de algunos operadores del sistema.
Enseguida, Amad, asistido por la auxiliar fiscal Josefina Vargas, resaltó la gravedad del hecho en análisis, pues se trata “nada menos que de 44 hechos de malversación de caudales públicos”, por lo que insistió en la necesidad de que la justicia avance sobre este delito de corrupción judicial.
La investigación penal del caso se inició el 28 de noviembre de 2012, cuando se estableció el faltante de distintas sumas de dinero que estaban bajo secuestro en el Juzgado Federal 2 por su vinculación con causas de narcotráfico, entre otras. Este hecho generó la apertura de una causa por el delito de “malversación de caudales públicos”, cuya escala penal oscila entre los 2 y 10 años de prisión, hecho por el cual se dictó el procesamiento de la ex funcionaria el 14 de mayo de 2019.
En dicha resolución se estableció un faltante total de 121.945 pesos, 8.430 dólares y 140 euros, dinero que desapareció a través de 44 hechos cometidos mediante lo que se conoce como una modalidad de robo “hormiga”, dentro del edificio del juzgado federal.
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