Los hermanos kirchneristas están seriamente comprometidos en delitos de administración fraudulenta, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de instrumento privado, obstrucción a la justicia en perjuicio de la administración pública y la administración de justicia.
La fiscalía dio por concluida la etapa de la investigación por la supuesta emisión de cheques del municipio de Rosario de la Frontera para una persona registrada como proveedor y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal. La causa iniciada en 2018, tiene otros dos imputados.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera Nicolás Rodríguez López solicitó al Juzgado de Garantías 1 la elevación a juicio de la causa contra la contadora Silvia Carolina Solís Mónico, de 39 años, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, encubrimiento agravado por la condición de funcionaria pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de instrumento privado, obstrucción a la justicia en perjuicio de la administración pública y la administración de justicia, todo ello en concurso real.
También contra Walter Gastón Pozzo por administración fraudulenta y falsificación de instrumento privado en concurso real en perjuicio de la administración pública, y Lorena Erica Scarano por encubrimiento de los delitos de administración fraudulenta y falsificación de instrumento privado en perjuicio de la administración de justicia.
Los hechos investigados se inician en 2018 y según la investigación, Solís Mónico, en su función de Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, habría llevado a cabo una serie de acciones fraudulentas en perjuicio del estado municipal. Se le atribuye haber realizado contrataciones irregulares para la adquisición de diversos bienes, como elementos de iluminación, ropa de trabajo, repuestos para vehículos, y artefactos eléctricos de uso personal, entre otros. Para esto, Solís Mónico habría emitido cheques pertenecientes a la cuenta de la Municipalidad, que luego habrían sido endosados, para finalmente ser cobrados por Walter Gastón Pozzo, quien en ese entonces se desempeñaba como empleado municipal.
Se acusa a la contadora de haber interferido en la investigación al comunicarse con el proveedor para indicarle el contenido de lo que debía declarar en una audiencia con el Fiscal de la causa.
En cuanto a Scarano, se la acusa de haber ayudado a Solís Mónico a evadir la justicia al interceder con el propietario de un local comercial para que actuara en beneficio de la contadora, eludiendo así las investigaciones en su contra. Este hecho fue corroborado mediante filmaciones aportadas por un testigo.
Finalizando la investigación penal preparatoria, el fiscal Rodriguez López consideró que se han reunido los elementos suficientes para formalizar la acusación contra los imputados como autores de los delitos de los que se los acusa.
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