Provinciales

Marcelo GarcíaPiden investigar al senador de Anta por el fraude a la Municipalidad de El Quebrachal

El municipio pidió que se lo investigue junto a su hermano, el exintendente que ya está imputado.

Con las finanzas y la coparticipación afectadas, la actual gestión de El Quebrachal reencendió la querella contra el anterior intendente, Leonardo García. El municipio presentó un pedido de ampliación de imputaciones que también comprende a su hermano, Marcelo García, quien desde la Secretaría de Hacienda de la citada comuna anteña saltó a la banca del departamento en el Senado provincial.

En el escrito que ingresó a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, el apoderado del Municipio querellante, Fernando Escobar, remarcó que las pruebas que llevaron a la imputación del exjefe comunal, en diciembre último, colocan al actual senador del departamento «en el mismo grado de autoría y participación que el de su hermano».

Sobre Leonardo García pesan desde el pasado 11 de diciembre cargos por fraude, malversación de fondos públicos e incumplimientos de deberes. La acusación formal se apoyó sobre órdenes de pago, facturas, certificaciones, vales y otras constancias probatorias que el actual intendente, Rolando Rojas, aportó el 18 de junio de 2020 ante un requerimiento fiscal.

$40 millones

La Fiscalía Penal de Anta había iniciado las actuaciones de oficio tras declaraciones públicas que hizo el actual secretario de Hacienda del municipio, Raúl Ríos, en medio de la zona. En una entrevista radial, que se convirtió en «notitia criminis», el funcionario había denunciado que la gestión encabezada por Leonardo García emitió cheques por cerca de $40 millones de pesos que se gastaron en la campaña política del exintendente y el actual senador de Anta.

Papel clave

La documentación aportada al Ministerio Público mostró a Marcelo «Teno» García como una pieza fundamental y necesaria, desde su cargo de secretario de Hacienda municipal, en las maniobras ilícitas por las que su hermano enfrenta los cargos penales.

«Conforme a lo expresado en el decreto de imputación, podemos afirmar que todas las irregularidades detectadas fueron concretadas y llevadas a cabo dentro del área de la Secretaría de Hacienda del municipio de El Quebrachal a cargo del Sr. Marcelo Durval García», sostuvo Escobar en el pedido de ampliación de imputaciones.

Con su firma

El apoderado del municipio que se constituyó en querellante hizo notar que «todos los cheques presentados como prueba de las irregularidades, sin excepción alguna, llevan la firma de Marcelo García. Esto lo coloca en el mismo grado de autoría y participación que el de su hermano exintendente», insistió.

Escobar planteó que quedó sobradamente demostrada «una erogación descomunal de fondos», que afectó el actual presupuesto financiero del municipio, por el libramiento de cerca de 150 cheques de pago diferido que se emitieron con vencimientos escalonados desde enero hasta junio de 2020.

El manejo discrecional de los recursos produjo graves perjuicios al erario municipal.

Caja electoral

La investigación judicial sacó a relucir diversas irregularidades en el discrecional manejo de los de los recursos, como la utilización de fondos municipales para solventar la campaña electoral de los hermanos García. El decreto de imputación del 11 de diciembre describió con claridad las conductas anómalas. En documentación interna complementaria de las facturas quedaron a la vista de la Fiscalía Penal de Anta y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos inscripciones tales como «mateada casa de Lila Enrique», «Sede», «Elecciones Paso 2019» y «Elecciones Paso 2019, Tolloche».

De estas inscripciones se supo por el propio decreto de imputación que, según indicaron desde la intendencia de El Quebrachal, dejó otras citas sin mención, como alguna en la que se aludiría inclusive a «votantes de Taco Pozo». La citada localidad chaqueña, en sucesivos comicios que coincidieron con los mandatos de Leonardo García, movió insistentes denuncias que gozaron de vistas gordas en altos niveles institucionales.

  El senador Marcelo García

Beneficiario directo

En el escrito con que pidió la ampliación de imputaciones, el apoderado de la intendencia de El Quebrachal manifestó que en los comicios de 2019 Marcelo García «se postuló para senador de Anta, siendo directamente beneficiado con el desvío de los fondos municipales a la campaña electoral por su candidatura».

Los mismos cargos

En este punto, el abogado subrayó que «no se puede pasar por alto que toda la documentación implicada en el manejo irregular de fondos públicos fue confeccionada y expedida por la Secretaría que estaba a cargo del hermano del exintendente. Por ello sostenemos que su participación no puede ser obviada en la investigación, ni mucho menos de la imputación penal, por los mismos delitos que se imputaron al exintendente Leonardo Fabián García», concluye la presentación de la querella. Al frente de las investigaciones están la fiscal anteña María Celeste García Pisacic y su par Leandro Flores, de Delitos Económicos.

  El exintendente Leonardo Fabián García

Obras que no se hicieron y fondos que desaparecieron

El 1 de febrero de 2019 el entonces intendente Leonardo García recibió $316.043 para una obra de agua proyectada en Gaona.
El 14 de mayo de ese año, recibió otros $735.222 para una ampliación de la red de agua del barrio Evita.
Las obras nunca se ejecutaron y hasta hoy se desconoce el destino que tuvieron esos fondos que estaban garantizados con la coparticipación municipal de El Quebrachal. 
El 13 de junio de 2020, el actual intendente, Rolando Rojas, denunció a su antecesor por malversación de caudales públicos por peculado.
En su presentación, Rojas señaló a su antecesor como autor de la conducta ilícita, en función de que era el máximo responsable de la administración, percepción y custodia de los recursos del municipio.

Muchos de los comprobantes que se investigan son inauditos, como los que justifican tres cheques que se libraron a favor de una carnicería de Nuestra Señora de Talavera por $1,6 millones. 
 

Por extractos bancarios se determinó que los fondos provinciales ingresados a la cuenta del municipio para las citadas obras fueron extraídos por el exintendente. Hasta hoy se desconoce el destino de esos fondos por lo que la coparticipación municipal de El Quebrachal está hoy comprometida.
El abogado Fernando Escobar afirmó que “en la conducta denunciada ante el Ministerio Público Fiscal se encuentran dados claramente todos los elementos de la malversación de fondos por peculado”, por lo que pidió como apoderado del municipio afectado que se amplíen las imputaciones formalizadas contra Leonardo García con el delito tipificado en el artículo 261 del Código Penal de la Nación.
El representante legal de la Intendencia de El Quebrachal insistió en que las pruebas aportadas por la querella -base de las imputaciones que se formalizaron contra el exintendente el pasado 11 de diciembre- también involucran directamente a su hermano, exsecretario de Hacienda y actual senador de Anta”, por lo que solicitó que se le imputen los mismos delitos.

La documentación probatoria analizada deja ver claras inconsistencias en el manejo de los fondos públicos.
En la órdenes de pago figura como beneficiario un proveedor genérico, con una imputación del gasto como ayuda social a personas. Existen irregularidades como la falta de identificación del proveedor, la ausencia de remito, o acta de recepción del bien adquirido, e inconsistencias entre las fechas de las facturas y de las órdenes de pago.
En otro caso, el pago de honorarios a una persona se efectuó a través de la imputación servicios jurídicos. Los fiscales que investigan las irregularidades advirtieron que se pagó en efectivo y se facturó dos veces un mismo período (marzo de 2019).
Entre tantas anomalías, se comprobó que el exintendente García celebró un contrato de manera directa con una librería, cuyo propietario era un empleado público que prestaba sus servicios en la propia Municipalidad. En el expediente figura una orden de pago con fecha del 15 de noviembre de 2019, a nombre de ese beneficiario y con imputación del gasto en partida presupuestaria “útiles de escritorio, oficina y enseñanza”, por un importe de $111.458 y con cheque como medio de pago.

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