Con el apoyo de 280 padres de alumnos de escuelas públicas y privadas, se presentó una nota al Gobernador, Gustavo Sáenz, solicitando la toma de medidas urgentes para garantizar la reapertura de las escuelas en el período lectivo 2021. Para ello, pidieron la emisión en tiempo útil de los decretos, leyes y protocolos competentes teniendo en cuenta a todas las áreas competentes en el tema.
Si bien reconoce la gravedad de la emergencia sanitaria, el comunicado hace hincapié en el “carácter esencial del servicio educativo y la obligación constitucional de priorizar el interés de niños y adolescentes”. También alega que más allá de la transmisión de conocimientos, la escuela cumple un rol social y de contención clave en niños y jóvenes que la educación remota no ha logrado suplir, a pesar de esfuerzos por parte de padres, docentes y alumnos.
Los solicitantes argumentan que tras ocho meses de clases virtuales, aún no se conoce un estudio que arroje resultados sobre la efectividad y efectos adversos de la educación remota a lo largo del tiempo. Por ello, pidieron que en estos cuatro meses faltantes para el inicio de un nuevo ciclo lectivo “se utilicen para asegurar la posibilidad de iniciar las clases, disponiendo todas las adecuaciones y definiendo las modalidades que sean necesarias para preservar la salud de docentes, personal y de los propios niños”. El pedido destaca que la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3º establece que “cuando exista conflicto entre los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
La nota también aborda la situación de los colegios privados, afirmando que en tales casos también está en juego a enseñar, trabajar y ejercer industria lícita, y no sólo a la educación; y que en caso de quebrar dichas instituciones, la gestión estatal se vería sobrecargada.
El abogado Roque Rueda, fundamentó a LA GACETA que la educación remota es “claramente desigual”, ya que existen instituciones privadas y algunas públicas que reúnen las condiciones para implementarla, mientras que en otros casos “es una utopía” debido a la falta de recursos y esfuerzos organizativos.
Por último, adjuntaron una publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría que alerta sobre problemas emocionales y socio afectivos derivados del cierre de las escuelas, y advierte sobre los múltiples roles cumplidos por éstas en la detección temprana de problemas de salud, violencia intrafamiliar y otras cuestiones.
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