El Gobierno anunció reducción de aranceles y cambios en el proceso. Cuánto se pagaba hasta ahora lo que tendrá costo cero.
El Ministerio de Justicia sigue avanzando en su plan para reducir los trámites en la compraventa de autos y, con ello, achicar los costos que hoy conlleva patentar un vehículo nuevo o registrar una transferencia de un usado. Las nuevas medidas transformarán en gratuitos muchos pasos que hasta ahora se pagaban.
El anuncio lo hizo el ministro Mariano Cúneo Libarona, en donde resaltó que estas medidas buscan “reducir la burocracia de los Registros Automotor” y «desarmar los negocios espurios» de estos registros que venían operando como «cajas de la política».
Según informaron del ministerio, “hemos decidido digitalizar los legajos automotores para agilizar los trámites y eliminar la necesidad de trasladar documentos entre los diferentes Registro”. De esta manera, afirman, se ahorrarán $ 1.300 millones mensuales.
Además, la emisión de cédulas, chapas patente, títulos de propiedad y certificados de firmas estarán bonificados a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Del mismo modo, el costo de la transferencia de un vehículo será del 1%, sin importar si se trata de un modelo nacional o importado.
Estas medidas se suman a otras que se vienen aplicando en el sector, como la significativa reducción de cantidad de Registros de Propiedad Automotor, de los que se ordenó el cierre de 136 dependencias y el freno la apertura de otras 12.
Cuánto se ahorra con los cambios
Hasta el momento, el papeleo para el patentamiento de un vehículo 0 km y las transferencias de un usado incluía un gran número de trámites cuyos costos varían de acuerdo con el origen del modelo, si era nacional o importado.
Los aranceles requeridos eran del 1,5 % del valor total del vehículo si era de producción nacional y de 2 % si el vehículo era importado. Además, había que incluir la expedición de cédula, el pago por la chapa patente (bonificado desde 2016), el alta impositiva, sellos e impuestos provinciales.
En su conjunto, registrar un vehículo nuevo podía representar entre el 6 y el 8 por ciento del valor total del vehículo. Es decir, para poner en la calle un auto de $ 25.000.000, había que poner otros $ 2.000.000 en trámites.
En concreto, y a la espera de su reglamentación, los cambios anunciados por el Ministerio de Justicia van a recortar considerablemente esos costos. Por empezar, la alicuota del arancel de transferencia pasa a ser del 1%, sin distinguir el origen del vehículo.
La chapa patente seguiría estando bonificada y la expedición de la cédula ($ 5.290) pasarán a ser gratuitas, como así también el título ($ 2.580), el alta impositiva, el informe de dominio y la certificación de firmas.
Para ponerlo en números tomamos como ejemplo una transferencia de un Toyota Corolla XEi 1.8 CVT de 2015, radicado en San Isidro, provincia de Buenos Aires. La misma fue presentada por la licenciada Noelia Torossian el miércoles 28 de agosto.
Con un valor declarado de 8 millones de pesos, el costo total del trámite fue de $ 208.208. Tomando en cuenta la reducción del arancel anunciado por el Gobierno y lo que pasará a ser gratuito, esa transferencia pasaría a costar $ 118.973, es decir, un 42% menos.
Según señaló la Lic. Torossian (gestoriaintegralonline) a Clarín, aun no queda claro si los formularios estarán o no bonificados. «Estamos a la espera de la publicación de las medidas propuestas en el boletín oficial».
Adiós a la cédula azul y al formulario CETA
En mayo, el Gobierno había anunciado la eliminación de la cédula azul, documentación hasta entonces obligatoria para que una persona pueda circular al volante de un vehículo que no era de su propiedad.
A esa medida también se le agregó la eliminación del vencimiento de la cédula verde, que era de un año, y que quedó como único documento indispensable del vehículo para poder circular legalmente.
En abril, el Gobierno había comunicado la eliminación de uno de los formularios necesarios para la transferencia de un auto usado. Era el Certificado de Transferencia de Automotores, más conocido como CETA, por sus siglas.
Se trataba de un documento que en determinas circunstancias de una operación era exigido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esa decisión no abarató el costo de la transferencia de un usado, ya que era gratuito, pero sí hizo que el trámite sea menos engorroso.
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