Diego Alos planeó el saqueo con el exintendete de Aguaray, Jorge Prado, y Adrián Vera.
El titular de OSYP, Diego Alos, es un empresario mendocino familiarizado con la reventa de caños hidrocarburíferos. Como tal, conocía el rédito económico que podía sacar con los costosos tubos del Gasoducto NEA.
Todo esto fue remarcado por el fiscal Eduardo Villalba, para quien Alos coordinó con Jorge Prado la maniobra para poder saquear el GNEA bajo una apariencia legal.
Como parte del plan, Alos envió el 10 de diciembre de 2019 al recién asumido intendente de Aguaray una nota solicitando autorización para llevar adelante supuestas tareas de saneamiento ambiental. En base a ese pedido, 13 días después Prado dictó la cuestionada resolución municipal 1.215.
Para poder realizar actividades económicas en la provincia de Salta, Alos se inscribió como contribuyente el 1 de enero de 2020 (fecha más que curiosa por tratarse de un día feriado) y consignando un domicilio falso en la ciudad de Tartagal.
Presurosamente, también gestionó ante la AFIP las autorizaciones con las que la firma Graficar imprimió los remitos que, junto a la resolución 1.215, respaldaron el transporte de los caños robados para sortear controles.
El 20 de enero de 2020, con otra nota, Alos informó a Prado que había completado un relevamiento en Campo Durán y que continuaría con las tareas de “saneamiento ambiental” haciendo uso de la resolución 1.215.
Con este montaje, Alos logró vender al menos 67 caños del GNEA al empresario a Matías José Rossi, titular de la firma Comarfil, de Quilmes.
Tras la olla que se destapó el 7 de febrero de 2019 en el puesto de Gendarmería de Aguaray, Alos contactó a un viejo conocido, Adrián Vera, y se lo presentó a Prado. Así, el saqueo prosiguió con un nuevo montaje que sacó de la escena a la resolución municipal 1.215.
Adrián Vera
Adrián Vera es mucho más joven que su comprovinciano Alos, con quien comparten la misma cuna, Luján de Cuyo, y las artes del desarme de tendidos hidrocarburíferos.
Con un largo historial de estafas seriales y gasoductos saqueados en Chubut, la Pampa, Buenos Aires, La Rioja y Catamarca, Vera declaró como “arrepentido”. Bajo esa figura, dijo que fue Alos quien lo contactó para extraer caños del GNEA en el norte de Salta. Sus afirmaciones como imputado colaborador complicaron a varios de los encausados. Por eso, en la audiencia que dejó la causa encaminada a juicio, no sorprendió que la mayoría de las defensas interpusiera planteos de inconstitucionalidad contra la llamada “ley del arrepentido”.
Vera no solo sostuvo que Alos lo trajo a Salta, sino que afirmó, con lujos de detalles, que fue contratado por Prado para continuar con el robo de los caños.
Vera, según indicó la Fiscalía en la acusación, se reunió en el Municipio de Aguaray con Prado, quien lo llevó después a conocer la zona de El Desemboque, le dio dinero para iniciar las extracciones de caños en ese paraje y le facilitó los contactos de las empresas Perterser y M&P.
El “arrepentido” dijo que en General Mosconi montó el 1 de abril de 2020 una empresa de papel: Vera SA.
Con esa firma ficticia suscribió un acuerdo de servicios, con la empresa Perterser, por personal y máquinas que se usaron para extraer caños en El Desemboque.
El mismo día celebró un contrato de subarrendamiento, con M&P Servicios Especiales, por el predio donde comenzó a acopiar los tubos saqueados.
Por otra parte, contrató a choferes de la empresa de transporte Serenelli para que llevaran caños desde El Desemboque hasta General Mosconi.
Vera utilizó documentación fraguada (facturas, remitos y una acta de remate que se imprimieron con membretes de reconocidas empresas del país, como Minera del Altiplano y Adrián Mercado) para simular una operación de compraventa de caños del Estado nacional y burlar de esa forma los controles de las fuerzas de seguridad.
Uno de los trabajadores contratados en El Desemboque, en su declaración testimonial, afirmó que Vera había trabajado con OSYP sacando caños en Aguaray con el apoyo del exintedente Prado.
Con información de El Tribuno
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