Presidente de la Asociación de FiscalesPara el fiscal salteño Ricardo Toranzos: “Descalificar a los fiscales por su tarea pone en riesgo su vida”

Lo ponen en alerta los riesgos que corren los fiscales santafesinos amenazados por las bandas y los fiscales que debieron exiliarse tras investigar al poder; el asesinato del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci, en su luna de miel, el 10 de mayo pasado, a manos del crimen organizado; y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

“Se ven situaciones graves en la evolución de las organizaciones criminales y se suma el ataque para querer cambiar las decisiones judiciales: la descalificación funcional infundada contra los fiscales pone en riesgo la vida de los fiscales”, aseguró Toranzos.

–¿Está hablando del alegato del fiscal Luciani en el juicio contra Cristina Kirchner?

–El fiscal hace su trabajo en el ámbito de un expediente, ¿cuál es el efecto que tienen esas críticas o agravios personales sobre los fiscales? Estamos subiendo el nivel de riesgo de todos los operadores judiciales y mucho más si les damos una interpretación incorrecta al trabajo del fiscal. Luciani y Sergio Mola hicieron su alegato y se los ponía como que ellos eran la última palabra en el juicio, algo totalmente falso. No tenía sentido agraviar al operador judicial cuando aún faltaban los alegatos de los defensores y luego debía pronunciarse el tribunal con el resultado del juicio. ¿Qué sentido tenía esa descalificación al fiscal? Solo ponerlo en riesgo, no hay otro efecto que ese.

–¿O amedrentarlo?

–El fiscal ya había hecho su tarea, no tenía sentido atemorizarlo. Era un mensaje para otro operador, un mensaje para los jueces.

–¿Con las críticas a Luciani hubo un avance del Poder Ejecutivo sobre la independencia del Ministerio Público Fiscal?

–Cuando los fiscales son cuestionados o impugnados por las partes, la Affun ha señalado que se está dentro de los parámetros del proceso. Ahora, la Asociación sí ha hecho señalamientos cuando esa crítica viene de los que no son parte del proceso, sino que integran otros poderes estatales. Hemos denunciado esa injerencia indebida, esta promiscuidad o contaminación de una opinión de otro poder del Estado el trámite del caso. Hay efectos diferentes, porque primero se descalifica a un órgano constitucional con independencia, como el Ministerio Público Fiscal y que no debe ser presionando. Hay un menosprecio: se llegó a discutir un dictamen fiscal sin que hubiese sentencia, se llevó a la confusión a la sociedad. No sabía la gente si el dictamen del fiscal Luciani era vinculante o no y la Affun quiso demostrar que es un acto del proceso.

–Esta crítica es constante cuando hay decisiones adversas…

–Cuando la decisión favorece y se sobresee entonces a un sector de la corporación política le parece correcto, y por el contrario cuando este órgano toma otra resolución se entiende que actuó de manera maliciosa. Ese tratamiento desigualitario produce un descreimiento comunitario.

–El Presidente suele hacer estas críticas con frecuencia…

–Pedimos mucha prudencia a los órganos políticos y sobre todo al Poder Ejecutivo: hablan como un ciudadano común, pero representan un órgano estatal, son la voluntad de la administración, tienen que ser prudentes.

–¿Los fiscales que no pagan el impuesto a las ganancias deben pagar?

–El pago del impuesto a las ganancias se trae a debate como una forma de cuestionamiento o descalificación de la cuestión judicial. Hay una ley donde progresivamente todos los nuevos fiscales van pagando. El no pago de ganancias no es caprichoso, está en la Constitución Nacional, para evitar la injerencia del poder estatal. En el último planteo que se hizo era evidente que no se buscaba un orden igualitario en materia tributaria. Era una provocación o injerencia. Es un tema para debatir alguna fórmula común y que todo el Poder Judicial pague impuestos.

–¿Usted paga?

–No, soy de los viejos, antes de la ley de 2017.

–¿Qué mirada tiene sobre que el Procurador sea interino desde hace años?

–Políticamente se nos trasladó una responsabilidad que no es propia del Ministerio Público. Eduardo Casal es procurador subrogante porque correspondía como el más antiguo, pero ahora es responsabilidad de los legisladores nombrar a un definitivo. Quien debe proponer los acuerdos es el ámbito político. No es nuestra responsabilidad.

–¿Cómo ve el enfrentamiento de la Corte con el Gobierno?

–Creo que es nocivo para el orden comunitario, es funcional al descreimiento sobre las instituciones. Hay una información errónea que se transmite a la sociedad. Los jueces de la Corte no nombran a los jueces, son propuestos por el Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado se cubren las vacantes.

–¿Hay una autocrítica que debe hacer el Poder Judicial?

–Totalmente. El servicio [de Justicia] no está siendo efectivo, no responde a la demanda de la gente, busquemos las herramientas para que mejore, con un mayor control, pero cuestionar a cada operador del Poder Judicial o personalizar el conflicto en un nombre de poco a cimentar la confianza.

–¿Conforman el “Partido Judicial”? ¿Son corporación?

–La primera vez que escuche del partido judicial fue en la marcha para reclamar justicia por la muerte de Nisman. Ningún fiscal que participó de esa marcha tiene un cargo político. Esto del partido judicial es una apreciación errónea, se habla de partido judicial cuando no agradan las decisiones y se habla de Justicia cuando la resolución los favorece.

–Contrasta la condena rápida a los asesinos del fiscal Pecci con la falta de resultados ante la muerte de Nisman.

–La muerte de Nisman es una deuda de la Justicia con toda la comunidad. No podemos no resolver el caso de la muerte de un fiscal, con una imputación como la que hizo, no tener ninguna conclusión. Es una deuda que tenemos a la que debemos sumarnos todos, no solo el Poder Judicial: toda la sociedad debe saber la verdad de lo que pasó y tomar prevenciones para que no vuelva a suceder. En la región los fiscales están en riesgo, se han convertido en elementos vulnerables a manos de las organizaciones criminales: hubo fiscales asesinados, amenazados o que debieron pedir asilo en otros países.

–¿En la Argentina estamos en la misma situación?

–No creo, pero apuesto a fortalecer las instituciones para que esta situación no pase.

–¿Cuáles son las prioridades de su mandato?

–Defender la independencia de los fiscales, visibilizar la injerencia indebida de los poderes políticos y económicos, tratar de demostrar que poner en práctica el sistema acusatorio [donde el fiscal es el director de la investigación, el juez es un árbitro y todo el proceso se hace en audiencias públicas] permite alentar la confianza en la función judicial. Es más transparente, permite la resolución rápida. Hay expedientes que en ocho meses no solo se obtiene una condena, sino una ratificación de la Casación. Los operadores actúan de manera pública. Lo que el fiscal no dice en la audiencia no existe y el juez obtiene los elementos para la resolución del caso de ese lugar.