Política

Sospechas de corrupciónPAMI: Una fiscal le pide a Luana Volnovich que informe cuántos empleados sin título secundario contrató

Alejandra Mangano, a cargo de la investigación por las posibles incorporaciones ilegales a la obra social de los jubilados, ordenó medidas en la causa.

La causa que se inició por el pase a planta permanente de personal del PAMI, entre quienes había empleados que no cumplen con la exigencia del título secundario, avanza en Comodoro Py. La fiscal federal Alejandra Mangano le pidió al organismo que dirige Luana Volnovich que detalle los antecedentes educativos de todos los trabajadores que modificaron su situación laboral.

«Se ha violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, el cual podría haber sido garantizado mediante la apertura de un concurso que permita a personal experto e idóneo en la materia acceder a los respectivos cargos públicos», sostiene la denuncia de la diputada Marcela Campagnoli (Juntos por el Cambio) que dio origen a la causa judicial, luego de que Clarín difundiera la noticia.

La denuncia que recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello y cuya investigación está delegada en la fiscalía, sostiene que la medida firmada por Volnovich «restringe el acceso seleccionando arbitrariamente personas que incluso no cumplen los mínimos requisitos legales (tal como poseer en título secundario) para desempeñar las funciones que le sería asignadas».

Fue a través de la resolución 2022-263 del PAMI que se dispuso el pase a planta permanente de 206 trabajadores que ya se encontraban bajo contratos temporales, y se hizo efectiva a partir del 1 de abril.

La discusión que devino en la denuncia penal, surgió en relación a los diez párrafos de la resolución que explican la situación de quienes no cumplen con una de las exigencias detalladas en las Políticas de Ingreso al Estado: haber terminado la escuela secundaria.

La causa judicial busca determinar si la medida adoptada es legal o no. Volnovich dijo en una entrevista radial que en un primer relevamiento «encontramos unas veinte personas sin título secundario», pero no especificó el número final de quienes se encuentran en esa situación.

Frente a esta situación, la fiscal Mangano solicitó al PAMI que «informe las condiciones normativas que rigen la contratación del personal que presta funciones allí». Por otro lado, también requirió que se envíe a Comodoro Py una copia digitalizada de la Resolución 2022-263. El PAMI también deberá adjuntar «la nómina del personal allí contratado debiendo detallar para cada uno, los antecedentes educativos y laborales con que contaban esas personas antes de ingresar al organismo».

Cuando Volnovich firmó la resolución, y en relación a quienes no poseen su título secundario, se refirió a una «matriz elitista del sistema educativo, en particular en su nivel secundario», que «refuerza la exclusión de vastos sectores de la población de dicho nivel educativo».

Por ese motivo, decidió que a aquellos que no cuentan aún con su título secundario «les será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos desde el día de inicio del ciclo lectivo del año siguiente al de su designación». Tienen hasta entonces para regularizar la situación, es decir para terminar la escuela. O conseguir algún título.

La denuncia
En su presentación judicial, la diputada Campagnoli avisó a Volnovich de «una clara inobservancia de los deberes que la Directora Ejecutiva del PAMI tiene a su cargo como funcionaria pública, abusando de su función con el único fin de beneficiar a personas que no poseerían los requisitos necesarios para acceder a cargos públicos, y que cuyo único mérito o muestra de idoneidad sería ser militantes del partido al que Volnovich pertenece».

Asimismo, se expuso que con esa medida PAMI «recurre a personal carente de idoneidad o conocimiento técnico, lo que no solo sería un desbaratamiento de los fondos estatales asignados a dicho programa, sino que devendría en un perjuicio contra los afiliados (en su mayoría jubilados, discapacitados y pensionados que se encuentran en situación de precariedad)».

Según confirmaron fuentes oficiales, el sueldo básico entre los trabajadores del organismo está por encima de los 80.000 pesos.

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