El extemporáneo fallo, que salió tras el laudo del Ciadi, señala que “no existen indicios suficientes para comenzar una investigación”. El fuero federal de Salta demoró ocho años en disponer archivo de las actuaciones por falta de pruebas.
Con un escueto fallo, de solo siete carillas, la Justicia Federal desestimó la denuncia que promovió el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2013 contra Enjasa, por supuesto lavado de dinero, y ordenó el archivo de las actuaciones al no poder determinar la existencia del ilícito que se atribuyó a Casinos Austria hace ocho años para quitarle la licencia de los juegos de azar.
El pasado 5 de noviembre, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que la revocación de la licencia de Enjasa fue un acto «abusivo y arbitrario» con el que Casinos Austria sufrió una «expropiación ilegal», por lo que condenó a Argentina a indemnizar al grupo empresario austríaco con una suma que asciende hoy a 36 millones de dólares, con intereses, costas y honorarios.
Si bien el demandando es el Estado argentino, por la violación del tratado bilateral de promoción y protección de inversiones que nuestro país firmó con Austria en 1992, el monto de reparación económica será descontado de la coparticipación federal de la Provincia.
En extenso laudo del Ciadi, la denuncia por lavado fue asociada a una maniobra que destruyó las inversiones de Casinos Austria con una «expropiación ilegal». De acuerdo con el pronunciamiento mayoritario del tribunal arbitral, para sacar a Enjasa del negocio el Gobierno salteño urdió un plan en el que Video Drome, firma subsidiaria del grupo Casino MAC Group, del zar del juego cordobés Miguel Angel Caruso, tuvo un «papel predominante».
El primer paso del plan descripto en el laudo fue una nota que Caruso presentó en noviembre de 2012 al entonces presidente del Ente Regulador del Juego (Enreja), Sergio Mendoza, proponiendo el pago de un canon mayor al que pagaba hasta ese momento Enjasa si la Provincia cortaba la licencia exclusiva por 30 años que Casinos Austria tenía adjudicada desde 1999 a través de una licitación pública internacional.
Con la revocación de la licencia, Caruso se quedó con los casinos más rentables de la provincia y Cristóbal López con la Tómbola y otros juegos lotéricos. Las salas con menor volumen de juego se repartieron entre otras operadoras. En este contexto se conoció en los últimos días el fallo con el que el Juzgado Federal Nº2 de Salta desestimó la denuncia por lavado que motorizó Mendoza desde el Enreja, en el marco de la revocación decretada sobre la licencia de Enjasa el 13 de agosto de 2013, y dispuso el archivo de las actuaciones.
El fallo fue firmado por la jueza federal Mariela Alejandra Giménez el pasado 7 de noviembre, dos días después de que el Ciadi emitiera su laudo.
Giménez cubre la subrogancia de Miguel Medina, juez que presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández a comienzos de año para acogerse a la jubilación.
La resolución de la magistrada, que se notificó el pasado viernes 12, reseña que la denuncia presentada por Mendoza, un exfuncionario muy cercano a Facundo Urtubey, recayó inicialmente en el Juzgado de Garantías 8 de Salta, que se declaró incompetente para intervenir en las actuaciones en virtud de la materia federal del delito adjudicado a Casinos Austria.
En el fallo, la jueza remarcó que «en el lavado de dinero se habla de tres etapas: la colocación, la decantación o estratificación, y por último la integración en la cual se incorpora el dinero formalmente al circuito económico aparentando ser de origen legal». La magistrada, al igual que la Fiscalía que intervino, concluyó que «ninguno de esos aspectos ha podido identificarse y comprobarse», por lo cual se ordenó el archivo de las actuaciones, «toda vez que no existen indicios suficientes para comenzar una investigación»
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