El exintendente de Aguaray seguirá con prisión preventiva en el penal federal de General Güemes hasta el 18 de diciembre.
Está acusado como organizador del saqueo del Gasoducto del NEA, la obra de interconexión energética más cara del país.
Prado fue detenido el 17 de noviembre en la capital salteña.
«Usó fondos del Estado para destruir una obra del Estado». La definición del fiscal Eduardo Villalba sobre el rol atribuido a Jorge Prado en el saqueo del Gasoducto del NEA volvió a resonar el pasado viernes en una audiencia en la que la Cámara Federal de Salta rechazó una apelación de la defensa del exintendente de Aguaray.
El abogado Fernando Teseyra había impugnado la resolución con la que el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, había extendido la prisión preventiva del destituido jefe comunal hasta el 18 de diciembre ante un requerimiento del fiscal.
El letrado objetó la prolongación de plazos del encarcelamiento provisional y pidió la liberación de su cliente o que, al menos, se le conceda la prisión domiciliaria. Solo uno de los tres jueces de la Cámara, Ernesto Solá, consideró procedente la alternativa subsidiaria. Sus pares Mariana Catalano y Guillermo Elías concordaron en la conveniencia de que Prado siga con prisión preventiva hasta el viernes 18 para garantizar que testigos de la causa puedan declarar sin amedrentamientos.
El pasado 29 de noviembre, durante la audiencia en la que el juez Montoya extendió la prisión domiciliaria, el fiscal coordinador del Distrito Federal Salta advirtió que, según declaraciones prestadas en la causa, Prado habría presionado a testigos con llamados telefónicos para que no se presenten a declarar ante el Concejo de Aguaray, a mitad de año, cuando se debatía su remoción con un juicio político. La defensa afirmó que detrás de esas declaraciones había motivaciones de rivalidad política e insistió por la prisión domiciliaria. El letrado propuso que, en última instancia, se vede a su cliente el acceso a medios tecnológicos, medida que la jueza Catalano consideró impracticable. La magistrada, como entonces, consideró el viernes último que con Prado en prisión domiciliaria el riesgo de que pueda entorpecer el proceso con medios electrónicos era latente.
Este, sin embargo, fue solo uno de los argumentos por los cuales el fiscal que dirige las investigaciones pidió rechazar los planteos de excarcelación y extender la prisión domiciliaria. Villalba también fundamentó su requerimiento en la complejidad de los hechos investigados, la gravedad de los cargos penales que pesan sobre el exintendente y los nuevos detalles que aportó Adrián Vera en condición de «imputado colaborador».
Vera, concretamente, declaró que fue contratado por Diego Alos, el titular de la empresa Osip SA, para extraer caños del GNEA. Manifestó que el exintendente le entregó $800.000 para cubrir gastos de extracción que incluyeron el alquiler de máquinas y pagos a transportistas. Vera, que al igual que Alos es oriundo de Luján de Cuyo (Mendoza), señaló que para maquillar la maniobra ilícita se confeccionaron remitos falsos a nombre de las empresas Minera del Altiplano, Adrián Mercado y Tubos Renard en una imprenta que frecuentaban Prado y su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes.
Sobre los nuevos elementos reunidos en el legajo de la investigación, Villalba sindicó a Prado, Céspedes y Alos como organizadores del saqueo del GNEA y amplió los cargos en su contra. Prado está acusado de robo calificado, fraude a la administración pública, peculado y falsificación de instrumento privado. Las penas que podría afrontar el exintendente por estos delitos fueron otra de las razones que atendió el dictamen mayoritario de la Cámara al rechazar la apelación.
Ante el tribunal, el fiscal Villalba también marcó la existencia de mensajes de texto en los que un encargado de la Tesorería de Aguaray le reclamó insistentemente a Prado la devolución de documentación contable, relacionada con salidas por $800.000, que el exjefe comunal se llevó días antes de quedar apartado del cargo.
La causa federal tiene diez imputados
Enfrentan cargos por robo calificado y fraude a la administración pública.
Jorge Prado, el exintendente de Aguaray, es el principal imputado de la causa y también está acusado de falsificación de instrumentos privados y peculado. El 23 de diciembre de 2019 dictó la resolución 1215, con la que habilitó a la empresa mendocina Osip a remover los caños del Gasoducto NEA para su disposición final como supuesto material en desuso.
Freddy Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray, firmó junto a Prado la controvertida resolución.
Diego Alos, titular de Osip, armó esa firma a fines de 2018 con el presunto objetivo de saquear el GNEA.
José Matías Rossi, presidente de Co-Marfil, es otro de los acusados. A la firma de Quilmes le secuestraron 64 tubos del GNEA que atravesaron los controles de cinco provincias con remitos falsos y la resolución municipal 1215/19.
Andrés Ayala, titular de la empresa Perterser, de General Mosconi, también está imputado. A esa firma el pasado 18 de abril le secuestraron 5 caños que habían extraído cuadrillas comandadas por Adrián Vera, ahora “imputado colaborador”.
Milton Saavedra y Bruno Degoy, socios gerentes de MyP, enfrentan los mismos cargos.
En un predio de esa empresa, de General Mosconi, se secuestraron el 18 de abril 124 caños.
Cristian Buzcek, uno de los trabajadores que ocupó Vera, también terminó imputado.
Miguel Angel Cuéllar, chofer de Salvador Mazza, fue sorprendido el 12 de noviembre de 2019 con un equipo cargado con caños. El y Oscar Rodríguez, un vecino de Aguaray que lo contrató, cierran la lista.
Hubo otro allanamiento en Aguaray
Gendarmes se llevaron el viernes una computadora con registros clave.
El pasado viernes, mientras la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ratificaba la extensión de la prisión preventiva del exintendente Jorge Prado, las oficinas municipales de Aguaray volvieron a ser allanadas por Gendarmería Nacional.
Con una orden librada por el juez federal Gustavo Montoya, ante un requerimiento del fiscal general Eduardo Villalba, efectivos de la fuerza federal secuestraron una computadora con registros que aportarían más elementos probatorios en la investigación que adquirió un ritmo frenético en las últimas semanas.
Villalba, quien es asistido en la sonada causa del robo de los caños por la auxiliar fiscal Roxana Gual, precisó días atrás que aún resta avanzar con cerca de 20 testimoniales. En la larga lista de testigos resaltan empleados del intervenido Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante de Aguaray. “Día a día surgen medidas a llevar adelante, entre ellas el análisis de documentación que fue secuestrada y que puede abrir nuevas puertas a la investigación”, sostuvo el fiscal coordinador del Distrito Federal Salta tras la audiencia en la que se extendió la prisión preventiva de Prado. El allanamiento del viernes último, en el que se secuestró una PC señalada por un testigo, fue una confirmación de ello.
Fuente: Informe de Antonio Oieni para El Tribuno
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