Es una causa por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el expresidente, iniciada desde Republicanos Unidos. El expediente se abrió en Comodoro Py y pone el foco en la desprotección de la ex primera dama.
Tras la confirmación de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente, otra acusación judicial contra Alberto Fernández, esta vez por «incumplimiento de deberes públicos» pone este miércoles, el foco sobre el rol de la custodia oficial que trabajó en la Quinta de Olivos y en un entorno de desprotección para la ex primera dama.
En la presentación judicial se expresa tajantemente: «Todo habría ocurrido al amparo de un edificio público que había sido puesto al servicio del Primer Mandatario como vivienda, pero no como aguantadero para la comisión de ilícitos», en referencia a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial.
La nueva denuncia fue presentada por integrantes del equipo técnico del legislador Yamil Santoro, del partido Republicanos Unidos, agrupación en la que milita Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico porteño. Por el sorteo en Comodoro Py, el expediente cayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
Uno de los principales focos de la presentación apunta a la custodia presidencial que durante el mandato de Fernández cumplió funciones en un su entorno y en la Quinta de Olivos.
«La eventual agresión física a su pareja, por parte del denunciado, de haber existido, constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción o por omisión, habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia, todos ellos funcionarios que estaban a las órdenes del propio Presidente de la Nación», argumentan en la demanda.
Y agregan que «la eventual agresión física a la entonces Primera Dama, por parte del Primer Mandatario, constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamentario».
Por eso, arguyen los denunciantes, Alberto Fernández también habría violado «el deber de utilizar la función y los bienes asignados al denunciado con fines lícitos y sin abusar de ellos para la comisión de ilícitos, el deber de rectitud, el deber de evitar acciones que desprestigien la función pública, el deber de seguir conductas que no puedan ser objeto de reproche, el deber de no adoptar represalias, a menos que las mismas emanen del ejercicio del cargo, y el deber de llevar adelante una conducta digna y decorosa”.
La presentación judicial lleva las firmas de José Lucas Magioncalda (de la Fundación Apolo), Mariana Soledad Crispulo, Gabriel Alejandro Salvatore, Mariano José Mizrahi, Ximena de Tezanos Pinto (la famosa vecina de Cristina Kirchner en Recoleta), Felipe Odriozola, Carlos María García y Juan Martín Fazio.
Magioncalda, que fue el abogado que formalizó la denuncia, explicó el punto de la causa abierta contra Fernández: «Buscamos que se investiguen estos graves hechos y que se haga justicia por las víctimas de todo tipo de violencia, independientemente de quién sea el acusado. Es fundamental que los funcionarios públicos no solo sean idóneos en su aspecto profesional, sino también en su conducta moral».
La denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández
La nueva presentación judicial contra Alberto Fernández surgió tras la denuncia que, a su vez, Fabiola Yáñez presentó el martes ante el juez Julián Ercolini, cuando pidió desarchivar el anexo en el que quedó consignada la existencia de pruebas consistentes de varias situaciones de maltrato físico por parte del expresidente hacia ella. Ercolini decidió implementar “medidas de restricción y protección” para la ex primera dama y contra el expresidente.
“¿Qué hacemos con esto?”. Entre cientos de fojas y datos levantados del teléfono de María Cantero, la histórica secretaria de Fernández y cuyo celular fue secuestrado y peritado por la justicia en el marco de la causa por el escándalo de los seguros, donde se investiga la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado se encontraron los chats de Yañez.
En el celular de Cantero había además pruebas de una golpiza perpetrada por Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos.
En una primera instancia, y por Zoom desde Madrid, Yañez decidió no avanzar con una denuncia contra Fernández, algo que revirtió con su decisión de este martes, cuando pidió que desarchive el anexo reservado en el que consta que fue víctima de agresiones físicas del expresidente.
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