En su discurso pidió sacar la palabra “mediáticos” del inciso “e” del artículo 72.
El senador cristinista Oscar Parrilli, autor de la modificación del artículo 72 de la Reforma Judicial ligado a los medios de comunicación anunció desde su banca de la Cámara alta su decisión de reescribir ese artículo. Propuso sacar el término «poderes mediáticos» y cambiarlo por «amistades o grupos de presión de cualquier índole». Habría sido un pedido del propio presidente Alberto Fernández, quien había considerado ese punto un «agregado casi ocioso».
«El Presidente dijo la verdad, que el agregado era sobreabundante, pero el objetivo que tuvimos sirvió porque salieron todos: los grupos mediáticos y los políticos que son voceros de ellos”, planteó Parrilli.
En esa línea justificó su giro. «Es para sacar los fantasmas y porque el objetivo se cumplió: se tragaron el anzuelo, la línea, la caña, todo… “, afirmó y consideró que «la discusión se dio» y que «ese era el objetivo».
Esa incorporación no había caído bien dentro del propio Frente de Todos, donde algunos lo habían considerado «inconveniente e innecesario». «Es obvio decir que si alguien recibe una presión tiene que denunciarla. No hacía falta, es para quilombo», había planteado a Clarín un legislador del FdT. Incluso barajaban que sea removido en la discusión futura en Diputados.
Ese artículo también había generado cruces con el Ejecutivo y puntualmente con la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Consultado sobre el tema el Presidente había considerado que se trataba de un «agregado casi ocioso».
En el entorno de Parrilli niegan que se haya tratado de un pedido del Ejecutivo. Aseguran que fue una decisión de él. Algunos afirman también que está ligada al objetivo de hacer más «fácil» el debate en Diputados.
Los compañeros de bancada de Parrilli estaban sorprendidos con su propuesta. Aseguraron que no estaban informados del cambio, que «jugó solo», con el aval de Cristina Kirchner.
La redacción que propuso Parrilli es la siguiente: «Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del poder judicial, ejecutivo o legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. La influencia indebida no requerirá contenido económico para justificarse».
La redacción original establecía que los jueces debían «comunicar de forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos».
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