Miranda Ruiz dijo que fue víctima de “acusaciones falsas” y que cumplió con la ley. Hubo manifestaciones para reclamar su liberación.
La médica que estuvo detenida por practicar una interrupción legal del embarazo (ILE) en Salta se defendió y aseguró que no cometió “ningún delito”. Miranda Ruiz sostuvo que le hicieron “acusaciones falsas” y que actuó conforme a la ley que contempla la realización del aborto. Familiares de la mujer hicieron una denuncia contra la profesional, y de acuerdo a las autoridades la joven que se sometió a la práctica se arrepintió, pero igual le hicieron el tratamiento.
La profesional del hospital de Tartagal explicó que “todo está escrito perfectamente en la historia clínica” y que jamás pensó que le iban a abrir una causa penal: “Yo lo vivía como un circo mediático y hasta me reía de las ridiculeces que decían; pobre paciente. Eso fue hasta que un fiscal pidió mi detención”.
Ruiz aseguró que hubo “acusaciones falsas” en su contra: “Sin prueba alguna se empezó a instalar una acusación mediática, que no tiene nada que ver con mi actuación como profesional con mis pacientes”. Dijo que había una intención de persuadirlas a ella y a la paciente y de “castigarlas” por “haber cumplido con la ley”.
La médica criticó que hubo quienes “decían burradas, porque son fanáticos y porque están militando en contra de la ley” y que “son mentirosos porque tergiversan la información para justificarse”. Dijo que es la única profesional “no objetora” de la práctica y que considera que puede haber “algún tipo de intención de disciplinamiento” para los médicos y médicas que practican interrupciones voluntarias y legales de embarazos, en declaraciones a El Tribuno.
Explicó que la denuncia la hizo un familiar de la joven y no la paciente y criticó al fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal Gonzalo Ariel Vega, que fue el que solicitó su arresto. Cuestionó: “El fiscal pide directamente mi detención y no que se investigue”. Aclaró que nunca recibió la denuncia penal.
Consideró que se trata de “un claro ejemplo de lawfare” y que el expediente “no se entiende a nivel jurídico”: “¿Por qué presa primero y no se investiga antes?, y todo mediático, con informaciones falsas. Porque no me pueden armar una causa judicial si yo no cometí ningún delito”.
Qué dice la ley de IVE/ILE y cuándo se le hizo la práctica a la joven
La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto existen excepciones contempladas por el Código Penal. Una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. En este caso se trata de una interrupción legal del embarazo (ILE).
Ruiz hizo una ILE en un proceso gestacional de 22 semanas a la joven de 21 años. Fuentes de la investigación manifestaron que “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales”, consigna la agencia Télam. Según El Tribuno la paciente se presentó sola en el centro de salud sin conocimiento de su familia y pidió la interrupción del embarazo.
La secretaria de la Niñez de Salvador Mazza Claudia Subelza aseguró que la joven la llamó desde el hospital de Tartagal en el que estaba internada, que le dijo que estaba arrepentida y que no se iba a hacer el aborto porque un doctor le explicó que “por lo avanzado del embarazo era un riesgo para ella”. Explicó que más tarde la mujer volvió a comunicarse con ella y que le transmitió: “Me están por llevar al quirófano para hacerme el aborto”.
Defensa de una asociación de médicos
En respaldo a la médica la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir aseguró que Ruiz “ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”. Hubo manifestaciones para pedir la liberación de la profesional, que fue excarcelada.
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