Diego Luciani comenzó este lunes por la mañana su intervención con una dura acusación contra la vicepresidenta, principal imputada en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. Habló de una asociación ilícita, nombró a Alberto Fernández.
Habló del “plan limpiar todo” con mensajes de whatsapp de José López que no se conocía. Continuará mañana martes.
“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”. La frase fue del fiscal federal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y así dejó en claro que pedirá que la vicepresidenta de la Nación sea condenada en lo que es su primer juicio oral.
Desde otro lado de la pantalla lo escuchaba Cristina Kirchner, vestida de blanco, y que se conectó a la videoconferencia. Luciani señaló que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.
Es la primera vez que Cristina Kirchner es juzgada y la primera que escucha una acusación en su contra que terminará con un pedido de condena.
A las 8:45 Luciani comenzó su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py. Primero trazó un resumen de lo que entendió está la prueba para acusar por una “asociación ilícita de características singulares” que funcionó desde 2003 a 2015 y que a lo largo de las nueve audiencias en las que alegará irá exponiendo.
El momento de mayor tensión fue cuando Luciani mostró prueba que hasta ahora no se conocía. Se trató de mensajes de whatsapp del celular del ex secretario de Obras Públicas José López en los que entendió que Cristina Kirchner ordenó pocos días antes de dejar el gobierno en 2015 que a Báez se le pague todo lo que se le adeudada por las obras públicas en Santa Cruz. Fueron 537 millones de pesos por obras que no se iban a terminar. Lo llamó “plan limpiar todo”.
En el inicio de su exposición, Luciani hizo una dura critica a los abogados de Unidad de Información Financiera (UIF)- un organismo del gobierno nacional- que en sus alegatos pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. El fiscal sostuvo que el alegato de la UIF fue “temerario, poco serio e irresponsable” porque “tergiversaron de manera grosera el sentido de la prueba”. “Esperamos que los funcionarios públicos se expresen con responsabilidad. Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara porque descartó la cantidad de prueba”, sostuvo.
Luego resumió el corazón de su acusación: “Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, continuó Luciani.
La Fiscalía adelantó que a lo largo de nueve audiencias -aunque Luciani señaló que pueden ser más- va a “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.
Luciani, con un tono fuerte y acompañado por el también fiscal Sergio Mola, sostuvo que los acusados no cumplieron con los compromisos internacionales que el estado argentino firmó para luchar contra la corrupción. “Fueron despedazados por los imputados”, dijo y luego apuntó contra el electorado del kirchnerismo: “Se privó de esos recursos a los sectores más vulnerables de la sociedad”.
El fiscal relató la maniobra desde su inicio. Fue pocos días que Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 como presidente de la Nación cuando Báez creó Austral Construcciones. “El anterior trabajo de Báez fue el de cajero de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial de manera intempestiva creó una empresa constructora y que luego se iba a quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz”, sostuvo y agregó: “Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra”.
“Néstor Kirchner y Báez amigos íntimos. Lo admitió Cristina Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que esta acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz y eso explica el por qué del favorecimiento a Lázaro Báez”, acusó.
Para sostener la relación de amistad de Néstor Kirchner y Lázaro Báez, Luciani hizo referencia a la declaración como testigo en el juicio del presidente de la Nación, Alberto Fernández. “El propio presidente Alberto Fernández declaró que a Báez lo conoció en el Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”, dijo y pasó el video de esa declaración.
Luego Luciani, que acompañó su alegato con filminas, apuntó al resto de los acusados. Habló de que Néstor Kichner llevó al gobierno nacional a funcionarios que habían trabajo con él en Santa Cruz en el área de obras públicas. Nombró a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, a López, a Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, y a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos continuaron en sus cargos en las dos presidencias de Cristina Kichner, de 2007 a 2015.
Para el fiscal así se buscó “interponer barreas de contención para distanciar la responsabilidad de la Presidencia de la Nación”. “Los ex presidentes se valieron de personas de máxima confianza para desarrollar la maniobra. Las relaciones entre todos es inocultable”, señaló.
También apuntó a que los organismos de control no hicieron su trabajo y que eso formaba parte de la maniobra ilegal. Y puso como ejemplo que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, fue designada como adjunta en la Sindicatura General de la Nación, el organismo que debía controlar al Ministerio de Planificación Federal. “Fue un mensaje nefasto para la sociedad y un claro conflicto de interés, más allá que se haya excusado de intervenir”, explicó.
En el juicio -que comenzó en mayo de 2019- se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.
Sobre las obras, el fiscal dio algunos datos. Las empresas de Báez recibieron el 78 por ciento de las obras que de 2003 a 2015 se adjudicaron a Santa Cruz. Solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.
También detalló que solo una de los 51 obras mantuvo al valor original. En 39 de esas 51 obras hubo modificaciones en la extensión de los plazos por un total de 63 años y se incrementó el presupuesto por más 1.500 millones de pesos. También que las licitaciones de las obras que recibió Báez tardaron 29 días en adjudicarse cuando el promedio para otras empresas era de 210 días.
El momento más importante de la exposición de Luciani fue cuando mostró lo whatsapp de López. Se trata del celular que le secuestraron en 2016 cuando fue detenido en el convento de General Rodríguez con los bolsos con nueve millones de dólares. El fiscal mostró que López se reunión con Cristina Kirchner el 28 de noviembre de 2015 y que lo propio hizo Báez días después.
“José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”, fue el mensaje que Báez le envió a López y que mostró la Fiscalía. Mostró otros, entre ellos, algunos que involucran a Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner.
“Esos mensajes permiten dilucidar de cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y de cómo desde la residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz coordinaron los últimos pagos de certificados que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de los empleados de Lázaro Báez. Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”, dijo Luciani.
Luego habló el fiscal Mola. Hizo referencia a cómo Báez compró otras empresas constructoras de Santa Cruz para quedarse así sin competencia. Mola adelantó que en la audiencia de mañana (comenzará a las 8:30 horas) analizará cada una de las 51 obras públicas que se debaten en el juicio. “Lázaro Báez se apoderó de las empresas de Santa Cruz con la anuencia de Néstor y Cristina Kirchner porque ese era el plan”, sostuvo Mola.
En la hoja de ruta que trazaron los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto antes de fin de año. El pedido de condena para funcionarios -que la Fiscalía ya adelantó que hará para Cristina Kirchner- suele estar acompañado con la inhabilitación -en muchos casos es de manera perpetua- para ejercer cargos públicos.
Si la vicepresidenta es condenada puede apelar pero recién cuando se conozcan los fundamentos de esa decisión, lo que quedará para el 2023, para que sea revisada primero por la Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso excede los plazos para que la condena quede eventualmente firme, por lo que podría presentarse a las elecciones del año que viene.
En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.
En medio de la interna del Frente de Todos, y de la crisis política y económica, Alberto Fernández respaldó las críticas de CFK: “La Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.
Junto con Cristina Kirchner, Báez, De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti también están siendo juzgados el ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF. Los abogados del organismo del gobierno nacional pidieron la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados. “Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, dijo el abogado Leandro Ventura.
La UIF solo pidió condena para los funcionarios de vialidad de Santa Cruz por considerar que incumplieron sus funciones porque informaron que las obras en la provincia estaban terminadas cuando en rigor no fue así. El organismo solicitó un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibañez. Pero advirtió que el delito podría estar prescripto y dejó en el tribunal esa decisión.
Cuando la Fiscalía finalice su alegato será el turno de cada una de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de la vicepresidenta será la sexta.
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