La familia de la víctima se mostró satisfecha con la elevación a juicio, pero consideran que el delito en el que incurrió la médica Norma Beatriz Brandoni es grave y solicitaron medidas.
El 13 de abril, María Cristina Ulibarri, murió dentro de un consultorio del centro de diagnóstico Santa Agatha, tras intentar realizarse una punción en el marco de una terapia del dolor. El fiscal elevó la causa a juicio contra la médica Norma Beatriz Brandoni, por homicidio culposo, sin embargo la familia de víctima pedirá que la carátula sea cambiada a homicidio simple con dolo eventual.
Por los micrófonos de FM Aires el esposo de la víctima, Néstor Nieva contó que su familia está destruida y dijo confiar en que la justicia impartirá una condena ejemplar. “Mi señora fue allí por una dolencia en su columna, fue a ver a la médica que hoy está imputada por homicidio culposo por mala praxis, quien le iba a hacer una punción, una terapia del dolor, pero en su consultorio mi esposa perdió la vida”.
Carlos Saravia, abogado, aseguró que la noticia del requerimiento a juicio habla de “un nivel de convicción de parte del fiscal de que la doctora ha incursionado en un delito, nosotros en principio no coincidimos con la carátula creemos que el accionar de ella excede el marco de la negligencia para hablar de una desidia, de una cuestión profesional negativa”, aseguró.
El letrado aseguró que en la causa se descubrieron numerosas irregularidades. “La falta de habilitación del lugar, no exhibir un consentimiento informado al paciente, por eso la señora Ulibarri no conocía el riesgo, la falta del instrumental médico para una reanimación, el fraude de la obra social, ella bajo la consigna de realizar una tomografía en realidad practicaba la terapia del dolor, la falta de médico anestesista, esto habla de un contexto nefasto”.
“Cuando la señora entró en paro ella no supo qué hacer, hizo que llamen al SAMEC que llegó 23 minutos después. Esta médica se dedicaba a las imágenes pero el profesional tiene que tener una formación global para que el protocolo de reanimación se cumpla”, añadió.
Con toda la información Saravia anunció que “vamos a pedir que se considere el delito de homicidio simple con dolo eventual que podría involucrar de 8 a 25 años de prisión más la inhabilitación para ejercer. Los informes son realmente alarmantes y la Procuración General tiene que tomar cartas en el asunto”.
Finalmente denunció que organismos vinculados a la salud no tomaron cartas en el asunto tras anoticiarse de las graves falencias ocurridas en el centro de diagnóstico que hoy sigue funcionando con normalidad.
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