La empresa, que enfrenta crecientes presiones regulatorias desde el cambio presidencial, será una de las más afectadas por el freno a los beneficios impositivos que habían sido votados por el Congreso; su mayor facturación está en Brasil
Mercado Libre, empresa clave en el sector de la economía del conocimiento, sabe que enfrentará una lucha creciente frente al gobierno de Alberto Fernández.
La decisión que adoptó ayer el Ministerio de Desarrollo Productivo no resultó sorpresiva para la compañía que conduce Marcos Galperín, ya que fue precedida de una serie de gestos y decisiones desde el 10 de diciembre último.
Algunas de estas medidas son regulatorias y tienen un desenlace bastante previsible para la empresa: se buscará acotar su margen de crecimiento.
Otras son más complejas, como un viejo dictamen de la AFIP en contra de la empresa que está vigente, que podría reflotarse y dar lugar así a un importante reclamo impositivo en términos retroactivos.
Así lo indicaron a Infobae fuentes del sector, luego de la suspensión de los beneficios impositivos de la ley del Conocimiento que adoptó ayer la cartera que conduce Matías Kulfas.
La empresa dará todas las batallas que pueda, en términos políticos, legales y discursivos, pero en el entorno de Galperín reconocen que el futuro ya estaba escrito desde aquella reunión con Alberto Fernández en sus oficinas de San Telmo, un día después del triunfo del candidato del peronismo en las elecciones primarias de agosto pasado.
Galperín apoyó públicamente el rumbo económico del gobierno de Mauricio Macri y el nuevo elenco oficialista se lo subrayó desde aquel momento.
Un empresario que lo vio después de aquel encuentro le dijo: “Con un gobierno que no será tan cuidadoso de las cuestiones institucionales en sus organismos fiscalizadores y con trabas legales crecientes, tenés que saber que tus perspectivas acá no son buenas”.
Mercado Libre tiene una cotización de US$ 33.400 millones; el 20 % de su facturación corresponde a sus operaciones en la Argentina y el 60% a las de Brasil.
El resto se reparte entre Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Honduras y Venezuela.
“Una empresa que presta servicios puede crecer donde se le brinden las condiciones para hacerlo. No está atada físicamente como una industria tradicional. El Gobierno debería entender esta lógica si quiere que el país genere más dólares”, expresó un empresario del rubro.
Por la ley del conocimiento, que fue votada por unanimidad en el Congreso, la empresa amplió los beneficios impositivos que había comenzado a recibir gracias a otra ley, la del software, impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner en 2004.
“Tanto Mercado Libre, como las otras empresas que actualmente aplican al régimen, tienen determinados beneficios como una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias, una alícuota fija de 13% para dividendos y un mínimo no imponible de $17.509 por trabajador en las contribuciones patronales. Los recursos humanos de tecnología son altamente requeridos a nivel global y por esta razón es importante crear políticas para que continúen desarrollándose en el país”, destacó una fuente del sector afectado por la decisión de la cartera que conduce Kulfas.
Esos beneficios, por una resolución administrativa, quedaron en stand by.
Aunque en el ministerio de Kulfas afirman que la suspensión de los beneficios es transitoria, ya que habrá otra resolución que reemplazará a la que quedó sin efecto ayer, también admiten que se tomará en cuenta el tamaño de las empresas para otorgar dichas mejoras impositivas. Es decir que, a mayor tamaño de la empresa, menores beneficios, aunque la compañía genere más empleo y mayor recaudación al fisco.
“La industria de servicios basados en el conocimiento es el tercer complejo exportador del país. Sólo en 2018 generó 5.300 millones de dólares y aún tiene potencial para seguir creciendo y generar empleo de valor agregado”, explicó la fuente.
En aquel año de crisis económica, agregó, “el sector volvió a generar empleo, incorporando en forma registrada a 5300 nuevos profesionales y quedaron unas tres mil posiciones sin cubrir por no contar con una oferta suficiente de profesionales”.
“¿Se puede cambiar a través de una resolución ministerial la letra de una ley votada por el Congreso? ¿La reducción de beneficios a las empresas tecnológicas no va en contra del discurso oficial, que plantea que hay que dejar atrás la primarización histórica de la economía argentina ¿Se resignará una firma a hundir más dinero en un mercado políticamente hostil cuando puede crecer en otros?”, se preguntaba uno de los ejecutivos consultados para esta nota.
Las respuestas parecen claras en términos conceptuales. Pero esta batalla, admiten en el sector, se librará en el campo de la política.
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