Los médicos Augusto Saúl Sasso y Víctor Canelada, y los bioquímicos Enrique Bardi, Silvina Díaz, Osvaldo Miranda y María Elena Almendros quedaron imputados por defraudación a la administración pública.
Después de los allanamientos que realizó la Policía Federal durante la tarde de ayer, el Fiscal ante el Juzgado Federal N°1 de Salta, Ricardo Toranzos, imputó a dos médicos y a cuatro bioquímicos por el supuesto delito de defraudación a la administración pública en perjuicio del PAMI.
Según la denuncia que presentó la titular salteña de la obra social de los jubilados, Gladis Moisés, se cobraron prestaciones por $250.000 mensuales durante todo el año pasado, aunque ninguno se hizo realmente, según informó FM 89.9.
La defraudación alcanzaría los tres millones de pesos y fue detectada a partir de una auditoría que realizó la Asociación de Bioquímicos de Salta porque “PAMI falló en los controles”, dijo Moises y reconoció que la obra social “no tiene el personal suficiente para realizar auditorías”.
Del expediente que tramita el Juez Julio Bavio se desprende que la Asociación Bioquímica de Salta advirtió tres maniobras delictivas: facturación de prácticas a afiliados fallecidos, la facturación de prácticas que nunca se realizaron y el cobro en dos oportunidades de un mismo análisis.
Esas maniobras resultaron sospechosas cuando se detectó que las órdenes que solicitan los estudios que presentan irregularidades fueron siempre emitidas por los mismos dos médicos: Augusto Saúl Sasso y Víctor Canelada.
Las imputaciones y allanamientos que se realizaron hasta el momento es sólo el punta pie inicial, ya que el expediente recién comienza a tramitarse. Mientras tanto, Gladis Moises confesó que “es imposible realizar todos los controles con el escaso personal que cuenta el PAMI”.
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