AnalisisLos responsables del monstruoso dislate de la expropiación de YPF

Por Roberto Ibarguren Zorreguieta*

El fallo contra el país que acaba de dictaminarse en EE.UU., documentado enjundiosamente por el diario porteño La Nación indicando autorías de funcionarios del Poder Ejecutivo y de los legisladores nacionales, es la final gravísima iniciada el 9 de abril de 2015, por iniciativa de la entonces Presidente CFK, y su ministro de economía Axel Kicillof, y aprobado por 208 diputados y 63 senadores nacionales oficialistas y de la brillante oposición, cuyo listado completo lo publica el 1 de abril 2023 el diario mencionado.

Los legisladores, representantes que el pueblo elige para que defiendan los intereses del Estado, equivocaron seriamente la ecuación populista en el marco de la privatización de YPF en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, en la cual se negociaban los papeles extranjeros en los EE.UU. en la Bolsa de Nueva York. Se trataba nada menos que del modo de adquisición posterior de porciones de control de la empresa YPF. Ello no fue sin embargo advertido ni por la Presidente CFK, ni por Kicillof, y tampoco por la totalidad de los legisladores aprobantes de la nacionalización, incluyéndolo al propio Miguel Galuccio, actualmente enriquecido empresario petrolero.

Toda esta danza sacrílega financiera, debería obligar a los actuales legisladores y gobiernos federal y provinciales, a conducir un proceso analizante, demostrativo, y condenatorio de tal yerro, inducido ya por politiquería populista, barata e inconsciente y corrupta, ya por ignorancia supina al no analizar y estudiar tal decisión, que conducirá al país a pagar hoy entre US$8.000 millones y hasta US$ 20.000 millones a cargo del Estado Nacional argentino, conforme lo determine la justicia norteamericana.

Consecuentemente, la totalidad de los responsables de ese monstruoso dislate, deberían ser identificados y embargados en todos sus bienes y patrimonios, y prohibidos legalmente de por vida para el ejercicio de cargos públicos. Se necesitaría así, una comisión investigadora para ese propósito en la Argentina actual, caso contrario, de nuevo no habría justicia y responsables, y deberemos pagar ineludiblemente a Burford Capital Limited, y su mega bufette de Nueva York este gravísimo error del gobierno federal y el parlamento argentinos, que desembocara en el fallo de la juez Loretta Preska, mientras en el caso de Salta , un senador votara por la negativa, y una senadora por la positiva.

Nuevamente, caso contrario al presente análisis, una vez más todo el Pueblo argentino deberá hacerse cargo de semejante deuda, como si no hubiera habido responsables directos, y el proceso pudiera seguir como habitualmente prosiguen las cosas políticas en nuestra Argentina. De todos modos, próximas las elecciones nacionales, que sirva entonces la presente por favor, para ilustrar al soberano, tratando de que eligiere mejor y más responsablemente a sus nuevas autoridades.

*El autor es exProfesor e Investigador Asociado, Universidades Nacional de La Plata, y Católica de Salta,  Graduado en las Universidades de Cuyo y de Córdoba.