Desde las cámaras de Comercio, los industriales y la construcción, entre otros sectores, advirtieron que los obliga a un esfuerzo financiero para hacerle frente. Señalan que es una medida equivocada y advierten por el traslado a precios.
Para los empresarios, el procedimiento del ministro Massa es conocido. Ante una inflación que se desbocó y en plena campaña electoral aventuran que “buscó congraciarse” con los trabajadores con un bono a cuenta de paritarias.
“Busca enmascarar una realidad pero arroja más leña al fuego, o piensa que ese bono no se va a trasladar a los precios”, sugirieron a Clarín en una Pyme que se las ve en figurillas para abonar $ 30.000 con el sueldo de agosto la semana que viene, y otros $ 30.000 en octubre y luego ponerse en la cola de espera a que el Estado le reembolse el 50%.
“No sabemos en cuánto tiempo será la devolución y mientras tanto hay que hacer el esfuerzo financiero”, dicen.
Para las firmas más grandes, Massa intenta con esta medida suavizar la crisis y le critican que lo haya decidido de modo unilateral.
En las alimenticias y firmas de consumo masivo afirman estar en un brete: “Nos piden una recomposición salarial por un lado y buscan encorsetarnos con un severo acuerdo de precios que solo permite un 5% de suba mensual”, ejemplificaron.
“Tenemos dudas cómo se va a aplicar, no hemos visto el decreto reglamentario. Pero no estamos de acuerdo que con la suma fija se altere lo que estamos negociando en paritaria. Eso genera un gran desorden, la industria no la está pasando bien”, señaló a Clarín Martín Rappalini con su doble sombrero de dueño de Cerámica Alberdi y titular de los industriales bonaerenses.
“Hay que llamar a las cosas por su nombre”, agregó el CEO de una líder en maquinaria agrícola. “Cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias”, soltó.
Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, indicó que es comprensible la necesidad de un refuerzo salarial pero que en su sector los $ 30.000 representan un aumento casi 20% sobre el salario inicial de un peón de obra.
“El problema es que estamos con atrasos en los pagos en la obra pública y las actualizaciones no ocurren mientras la inflación nos destruye los contratos”.
¿Cómo lo vamos a pagar?, se preguntaba Mario Grinman, el titular de la Cámara de Comercio.
“Es una medida equivocada cuando las paritarias se reabren este mes y si bien contempla que el bono va a ser reabsorbido en la paritaria, hay que pagarlo ahora con un esfuerzo que los comercios, sobre todo los del interior, no pueden afrontar”. Grinman contó que el sueldo básico de septiembre se ubica en $ 264.190.
Los primeros en pegar el grito apenas conocido el bono de Massa fueron los de CAME que aglutina a los comercios más pequeños. “Vamos a hacer el esfuerzo de pagarlo”, se comprometieron tras un duro comunicado.
En la Unión Industrial insistieron que estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas.
Argumentan que cuentan con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios.
“Consideramos que una decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto generará superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidos libremente por las partes en el marco de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas y económicas diversas de acuerdo a cada actividad”, afirmaron.
Para Javier Madanes Quintanilla, el presidente de Aluar y Fate, hay otros problemas planteados que son muy delicados. Puesto a priorizar ante la consulta de este diario, subrayó que el más serio “es la falta de insumos para producir por la restricción de pagos al exterior. No es menor la dilación en el pago de los fletes que origina una serie de complicaciones”.
Es curiosa la estrategia, incluso de algunas multinacionales. En este contexto y con deudas comerciales de envergadura muchas han decidido proteger sus stock y el flujo de caja y producir lo menos posible en su política defensiva. “Se pisa el freno y hoy hay en la Argentina falta de oferta de bienes por este tipo de políticas”, soltó el CEO de una de esas firmas. Y ya se sabe qué pasa cuando faltan productos.
Esto sucede cuando el acuerdo de precios, por 90 días, no logró aún ser firmado por las empresas y sigue siendo, al menos hasta ahora, un pacto de palabra.
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