En cada uno de los casos la fiscalía pudo determinar el accionar de cada uno de los involucrados. Para la justicia esto no podría haber existido sin un trabajo mancomunado de cada uno de ellos.
Tras conocerse en junio de este año el escandaloso caso de la entrega de licencias de conducir «Truchas», se imputó a 11 personas, de las cuales quedaron detenidas 10. Entre estas personas se encontraban empleados y funcionarios municipales de distintas categorías, e incluso civiles.
Con los elementos entonces colectados en la investigación, la Unidad de Delitos Económicos Complejos entendió oportunamente en junio del corriente año, que los acusados e imputados por el delito de asociación ilícita, participaron activamente de las maniobras y no se trató de hechos aislados. De la investigación surgió claramente que sin la participación de todos en forma mancomunada, no se hubiera podido cometer el objetivo de llegar a la obtención irregular de las licencias de conducir de diversos ciudadanos a cambio de dinero.
La ampliación de la imputación concurrió entonces en forma real con la imputación ya formulada el 2 de junio del corriente, respecto de los encausados y de la siguiente manera:
El acusado Javier Fernando Martínez, fue imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, concusión –12 hechos- y falsedad material del instrumento público, en concurso real. Se desprendió del decreto de imputación que en el año 2017, con abuso de la función desempeñada como funcionario público municipal en la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Martínez requirió sumas de dinero a distintos contribuyentes, a quienes les entregó licencias de conducir falsas, creadas sin que aquéllos cumplimenten los requisitos legales ni se observara el procedimiento previsto para la obtención de dichas licencias, y sin que abonen los tributos para el trámite, lo que generó un importante perjuicio patrimonial a la Hacienda Municipal.
Los acusados Marianela Castro y César Martín Ganami, fueron imputados por los delitos de concusión y falsedad de instrumento público -2 hechos-, en carácter de partícipes necesarios, por captar en la vía pública a dos personas, a quienes les pidieron dinero para que, por medio de funcionarios municipales, se realizara el trámite de obtención de licencia de conducir sin los requisitos previstos.
En tanto, la acusada Carmen Nieves Campos, fue imputada por los delitos de falsedad de instrumento público -23 hechos- y concusión -1 hecho- en concurso real, ya que en su calidad de funcionaria pública municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados 23 exámenes de licencia de conducir, que no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia, cuyos legajos fueron secuestrados.
Por otra parte, la acusada Gabriela Anahí Dagum, fue imputada por el delito de falsedad de instrumento público –7 hechos- y concusión -3 hechos – en concurso real, toda vez que la mencionada, en su calidad de funcionaria pública municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados siete exámenes teóricos de licencia de conducir, los cuales no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia.
En relación al acusado José Fernando Vieria, fue imputado por el delito de falsedad de instrumento público –41 hechos- en concurso real, ya que en su calidad de funcionario público municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó en las planillas del Canchón Municipal que 41 ciudadanos aprobaron sin verificarse el ingreso del vehículo para el examen práctico.
El acusado Juan Carlos Conte, fue imputado por el delito de falsedad de instrumento público–47 hechos- en concurso real, toda vez que el mencionado, en su calidad de funcionario público municipal de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial, consignó como aprobados exámenes prácticos de licencias de conducir, que no se encontraban en condiciones de ser aprobados, a pesar de lo cual se emitió la correspondiente licencia; como así también consignó en las planillas del Canchón Municipal que 41 ciudadanos aprobaron sin verificarse el ingreso del vehículo para el examen práctico.
Los acusados Ricardo Martín Miguel Nina, Julio Federico Barrientos Herrera y Ariel Ramiro Ruiz, fueron imputados por el delito de concusión, ya que se desprendió que abusaron de su cargo de funcionarios públicos municipales y solicitaron la entrega de dádivas para la realización de trámites ante el Organismo, con lo que convirtieron en provecho propio las sumas de dinero recibida y actuaron ilícitamente al requerir a los contribuyentes dinero para la obtención de la licencia de conducir, función para la cual no están facultados a recibir.
Por último, Griselda del Valle Royano, fue imputada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que la mencionada omitió controlar la regularidad en el procedimiento y posterior confección de las licencias de conducir, expedidas sin cumplimentar los requisitos legales, lo que debió realizar en su función de Directora de Educación Vial de la Subsecretaria de Tránsito y Seguridad Vial.
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