Tendría 36 votos a favor en la general, con lo que necesitaría desempatar Villarruel. Negocian con senadores de Santa Cruz.
A la administración de Javier Milei le cuesta cerrar las últimas negociaciones para asegurarse una cómoda aprobación en general en el Senado de la Ley Bases. Los encargados del poroteo de los votos admitieron a Clarín que en la noche de este domingo el oficialismo creía tener asegurados 36 votos a favor y 33 votos en contra, todos de la bancada de Unión por la Patria.
Tenían en duda cómo votarán en la general el senador Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que articulan en el esquema del gobernador de esa provincia patagónica.
En los hechos, hasta ahora el Senado está partido en tres partes. De un lado la bancada peronista, con 33 integrantes; del otro, los libertarios y el PRO (todos son 13); y en el medio la UCR, el peronismo disidente y los bloques provinciales, es decir los dialoguistas, que en conjunto son 26.
En aritmética simple. Esos 26 más los 13 libertarios y macristas suman 39. Si se restan a Lousteau -no anticipa cómo votará en la general y está en conversaciones con el kirchnerismo por lo que genera enormes dudas en el oficialismo- y a Gadano y Carambia la cuenta da 36. De no haber ausencias inesperadas ni sospechosas, el Gobierno debería juntar 37 votos a favor para garantizarse la victoria.
En caso de sumar realmente solo 36 votos positivos y el rechazo también cosechar esa misma cantidad, el Gobierno igual podría asegurarse el triunfo ya que en caso de empate desempatará la vicepresidenta Victoria Villarruel (o el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala en caso de que quede al frente de la sesión).
Pero es un cuadro muy frágil. Llegar a la sesión con los votos demasiado justos para la votación en general puede ser muy peligroso para el Gobierno.
«¿Qué pasa si se nos manca uno de los que estamos contando como a favor?», se preguntan en la bancada de La Libertad Avanza. Y completan: «Es algo que nos pasó para el dictamen de comisión. Teníamos acuerdos que después nos incumplieron».
En el bloque de Unión por la Patria siguen expectantes el poroteo. Y coinciden en que ir a la sesión con los votos demasiado ajustados puede costarle caro al oficialismo. «¿Y si un senador de la nada se les abstiene qué hacen? ¿O se enferma otro?», siembran dudas.
Por eso, el Gobierno busca cerrar contra reloj la negociación con los dos senadores de Santa Cruz. Un problema, dicen en el oficialismo, es que Carambia y Gadano demuestran tener cierta autonomía del gobernador Claudio Vidal, con lo que cerrar un acuerdo con el mandatario no alcanza.
Ya en el tratamiento en comisión, Carambia fue clave para el oficialismo. Como integrante de la comisión de Legislación General aportó su firma en el dictamen, aunque en disidencia, a cambio de que el Gobierno aceptara subir las regalías mineras del 3% al 5%. Según versiones que circulan en el Congreso, el santacruceño tiene ahora serias dudas de que la Casa Rosada cumpla con el trato.
El compromiso político de que la parte de las regalías no será retocada en un eventual nuevo tratamiento por Diputados ni por el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la ley parecen ahora no alcanzar. Es más: en la bancada de Unión por la Patria hacen circular que de ninguna manera el ministro de Economía Luis Caputo va a cumplir ese acuerdo porque la modificación del porcentaje en las regalías es una cifra multimillonaria.
Ante las dudas que genera Lousteau, por eso el Gobierno busca convencer a Carambia y a Gadano de votar a favor en la general. Es una negociación de tal volumen por los recursos que implica que está en manos directamente de la Casa Rosada y no de las autoridades del Senado.
¿Y si hay empate?
Aunque en la mañana de este lunes no estaba aún claro cómo se lograría, en sectores del oficialismo había alguna confianza en que la aprobación en general finalmente se lograría, aunque quizá con el voto de desempate de Villarruel o Abdala.
En manos de quién quedaría ese eventual desempate está por verse. Es que el miércoles por la noche tiene previsto viajar Javier Milei para la cumbre del G7, en Italia. Apenas el Presidente parta, Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo y, por esa razón, ya no podrá participar de la sesión del Senado.
La reemplazaría el presidente provisional del Senado, Abdala. Esta situación no comprometería los votos del oficialismo: el libertario puntano podrá votar a favor y en caso de ser necesario también desempatar. Tiene doble voto.
Tras esa posible votación en general, arrancará la votación en particular, que promete ser otro dolor de cabeza para el Gobierno. Ahí sí hay varios artículos clave que cosecharían más votos de rechazo que a favor, lo que haría caer algunos.
Entre los que están en peligro se encuentran la delegación de facultades al Presidente, las privatizaciones de empresas públicas, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y el impuesto a las Ganancias.
Una negociación abierta por el oficialismo es la de retocar la parte de privatizaciones y sacar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de las empresas a ser vendidas. Sería la forma de lograr que el artículo se apruebe.
Se especula que en el Título Segundo del dictamen de la Ley Bases (es sobre la reorganización administrativa del Estado), el peronismo, la UCR y otros bloques podrían acordar para alcanzar los dos tercios de los votos para quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de reorganizar, modificar o eliminar competencias de organismos públicos como el CONICET, el Malbrán, el INCA o el Banco Nacional de Datos Genéticos.
De aprobarse con esa mayoría especial, Diputados necesitaría reunir también dos tercios para modificar esa parte. El eventual acuerdo apunta a blindar ese título.
Para este lunes a la tarde hay prevista una reunión de Labor Parlamentaria, que presidirá Villarruel. Ahí se definirá el formato de la sesión -casi seguro se debatirán en conjunto el paquete fiscal y la ley bases, aunque luego se voten por separado-, que promete ser demasiado extensa.
En el peronismo algunos ya proponen que si se alarga se debería pasar a un cuarto intermedio y seguir el tratamiento el jueves. Difícil que el oficialismo acepte dilatar más la aprobación de la ley.
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