El acusador afirmó que el empresario fue dueño de 415.000 hectáreas solo en Santa Cruz; afirmó que Báez y los Kirchner se enriquecieron mientras país que se empobrecía.
El fiscal Diego Luciani expuso hoy los números del “enriquecimiento ilegal” de Lázaro Báez durante los 12 años de gobierno kirchnerista. “Este monotributista, al concluir el segundo mandato de Cristina Fernández, era dueño de 415.000 hectáreas solo en la provincia de Santa Cruz. Para que se entienda bien la dimensión: la ciudad donde está este tribunal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una superficie de 20.300 hectáreas, Báez y su grupo compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires”, dijo Luciani.
El fiscal manifestó que el empresario “se convirtió en uno de los más grandes terratenientes del país” y destacó, una vez más, que esto fue posible gracias a una gigantesca estafa al Estado montada por los Kirchner. “Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner, que era Cristina Fernández, con los altos niveles de pobreza y desocupación, mientras muchas personas no podían cubrir las necesidades básicas, eran la contracara del país: se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado”, sostuvo Luciani este viernes, en el anteúltimo día de su alegato del juicio Vialidad.
“Mientras tanto -añadió-, las rutas no se hicieron y fueron abandonadas intempestivamente cuando terminó el gobierno que los beneficio ilegalmente durante 12 años.”
Luciani destacó que fue “por orden de Cristina Kirchner” que, cuando Mauricio Macri ganó las elecciones y el kirchnerismo supo que dejaba el poder, Báez recibió la orden de abandonar las obras. Prueba de ello, sostiene la fiscalía, son los mensajes de José López, exsecretario de Obras Públicas, que le indicó al presidente de Austral Construcciones cerrar y “limpiar todo”, pero sin “dar sensación de fuga”.
Las propiedades de Báez
El fiscal detalló dónde estaba cada una de las propiedades que se le detectaron a Báez y su grupo. “Mientras aparentaban hacer las obras, sumaban estancias”, dijo Luciani, que manifestó que distribuir las propiedades entre las compañías propias fue una maniobra “para disimular” que era todo parte del mismo patrimonio, construido a expensas del Estado.
En total, se detectó que llegaron a tener 293 inmuebles en todo el país, según el cuadro que exhibió el fiscal. De esas propiedades, 129 estaban en El Calafate, el “lugar en el mundo” de Cristina Kirchner, y 78 en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, provincia de la que eran oriundos tanto Báez como Néstor Kirchner.
“Hubo un meteórico crecimiento de las propiedades”, afirmó Luciani, que con un tono muy enfático, sostuvo: “Ahí está la plata que no pusieron en las rutas”.
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