Los haberes de quienes se dedicaron a la enseñanza y se retiraron con un régimen especial siguen teniendo reajustes trimestrales y desde marzo no reciben subas; qué pasó en los últimos meses con el poder de compra y qué ocurrirá con las prestaciones de los profesores universitarios jubilados.
Los haberes jubilatorios del régimen especial de docentes no universitarios tendrán en junio próximo un aumento del 40,62%, según afirmaron fuentes de la Anses en respuesta a una consulta de LA NACION. Será el segundo reajuste de este año para las algo más de 180.000 personas incluidas en este sistema, que quedó al margen de la regla fijada a través del DNU 274, por la cual los ingresos del esquema nacional general suben mensualmente según el índice de inflación del Indec.
Concretamente, el índice mencionado comprende a quienes se jubilaron por el régimen nacional de docentes no universitarios del decreto 137 de 2005. Para esos casos, las subas son trimestrales y se rigen por la variación de un índice de salarios de la actividad, llamado Ripdoc. El sistema tiene otras particularidades en cuanto a los aportes y al cálculo del ingreso inicial. En marzo estos haberes habían recibido un reajuste de 27,57%, por lo cual entre enero y el sexto mes del año acumularán un alza de 79,4%, un índice que se ubica por debajo de la inflación que se registraría en el primer semestre y que, según diferentes proyecciones de economistas, sería de entre 85% y 90%.
Otros haberes que también siguen con reajustes de frecuencia trimestral y por un índice propio (llamado Ripdun, en este caso) son los de quienes se jubilaron por el sistema nacional de docentes universitarios; en este caso el reajuste de junio será de 29,92%, luego de que en marzo habían tenido una recomposición de 28,8%. Así, acumularán al sexto mes del año un alza de 67,3%, muy por debajo de la inflación.
Más allá de esas comparaciones, lo cierto es que estos grupos de jubilados se ven perjudicados por la mayor distancia entre un reajuste y otro respecto de la frecuencia mensual con la que, desde abril último, se reciben las recomposiciones en el régimen previsional general de la Anses. En abril y mayo, de hecho, los ingresos de los jubilados docentes no variaron y, en consecuencia, al cuarto mes del año los del régimen de no universitarios acumularon una pérdida de poder adquisitivo de 22,7% respecto de diciembre de 2023, y de 32% si la comparación se hace con abril del año pasado.
El sistema de jubilaciones docentes no universitarios tiene un haber medio de $651.100, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social correspondientes a marzo último. Los ingresos de este segmento de beneficiarios no están alcanzados por los bonos que percibe un grupo de beneficiarios de prestacions previsionales del sistema general. Es decir, más allá de cuál sea el monto de lo cobrado, el hecho de tratarse de un régimen especial ya define que se esté al margen del cobro de refuerzos. Esto es así desde el inicio mismo de la política de bonos, que se perciben de manera continua desde septiembre de 2022 (en el caso de quienes cobran solo un haber mínimo en el sistema general de la Anses), y que implican un reconocimiento de la insuficiencia de la movilidad para mantener el poder adquisitivo de los ingresos.
Si se considera el período de 12 meses finalizado en abril último, las prestaciones previsionales del régimen docente del decreto 137 se incrementaron nominalmente un 164,98%, mientras que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 289,4%, según el informe difundido ayer por el Indec. Esa brecha determinó que con lo percibido en el cuarto mes de este año se pudo comprar casi un tercio menos (32%, específicamente) que lo que podía adquirirse con los ingresos del cuarto mes de 2023. Si se observa lo ocurrido en todo el año pasado, la caída del poder adquisitivo para este segmento de jubilados fue de 20,8%.
El reajuste en el régimen general
A diferencia de lo que ocurre con los jubilados docentes, en el sistema general los haberes tendrán en junio, tal como LA NACION anticipó anteayer, una recomposición de un porcentaje equivalente a la inflación de abril informada por el Indec, es decir, de 8,83%. Eso es así por el decreto de necesidad y urgencia 274, que establece que a partir de julio próximo los haberes se actualizarán por inflación todos los meses y que dispone la vigencia de un período de transición extendido entre abril y junio.
Durante este lapso de tiempo, los ingresos están recibiendo también reajustes según la variación promedio de los precios, pero la diferencia es que aún no está derogada la fórmula de la ley 27.609 (sí lo estará en julio). Por tanto, se previó que para el sexto mes del año se compare el reajuste efectivo que se haya acumulado en el trimestre con el resultado de la fórmula, para que se les otorgue un pago extra a los jubilados en caso de que el cálculo aprobado por el gobierno anterior arroje un resultado mayor. Eso, sin embargo, no va a ocurrir y no va a haber un pago extra, porque las subas por inflación más el 12,5% de “incremento extraordinario” otorgado en abril acumulan un alza de 54%, y ese índice supera al surgido de la fórmula, de 41,48%. Por lo tanto, quedarán incorporados, sin descuento alguno, los aumentos ya dados y el que se otorgue el mes próximo.
En junio, en consecuencia, la jubilación mínima del régimen general será de alrededor de $206.930 (sin considerar el bono, sobre el cual aún no hubo definiciones del Gobierno) y el haber máximo se ubicará en $1.392.450, aproximadamente.
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