El jefe de Gobierno porteño fue al máximo tribunal con el objetivo de frenar el recorte de un punto de la coparticipación.
Horacio Rodríguez Larreta presentó este viernes su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de evitar que Nación le quite un punto de la coparticipación a la Ciudad para hacer frente al aumento salarial de la Policía bonaerense.
Y agregó: «La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta forma Larreta intenta desacreditar la postura de Nación respecto a que Mauricio Macri le otorgó a la Capital más fondos de los debidos para el financiamiento de la nueva Policía de la Ciudad.
La Ciudad argumentó que los coeficientes asignados a la Capital Federal siempre fueron establecidos entre el gobierno porteño y el Estado Nacional.
“En tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna”, señaló el escrito.
El jueves, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Senado para recortar aún más los fondos destinados a la Capital. Se trata de la norma que aprueba el traslado de la Federal a la órbita de la Ciudad, que se concretó en 2016. De aprobarse el texto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior Eduardo de Pedro y del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Seguridad Sabina Frederic, el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta ya no recibiría de forma automática los fondos para costear el servicio de seguridad, como hasta ahora.
El proyecto prevé que la policía porteña deje de financiarse a través de la coparticipación, y que sea el Tesoro Nacional el que se encargue de enviarle los fondos para hacer frente a los gastos que impuso el traspaso de la fuerza a partir de 2016. De esta forma, deberán negociar la cifra, que iría al Presupuesto. En ese sentido, el proyecto también faculta al ministerio de Economía a “dictar las normas complementarias y/o aclaratorias necesarias para dar cumplimiento”.
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