El juez Kreplak dio curso al expediente y aceptó a Lourdes Arrieta, legisladora nacional por Mendoza, como querellante. La mendocina dijo que fue engañada para ir a visitar a Astiz y otros represores en la cárcel de Ezeiza y que luego recibió presiones.
La Justicia abrió un expediente para investigar la polémica visita de seis diputados libertarios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. Lo hizo el juez federal Ernesto Kreplak, que subroga el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, tras una presentación de la diputada Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza de Mendoza, que denunció amenazas y pidió que se indaguen todos los detalles que culminaron en la reunión de legisladores de Milei con Alfredo Astiz y una decena de represores.
Arrieta fue a la Justicia el miércoles y solicitó que se investiguen los posibles delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos.
En su explosiva presentación, en la que la representa el abogado Yamil Castro Bianchi, la diputada libertaria dijo que fue engañada para ir a la Unidad 31 del penal de Ezeiza, ya que lo que creía era una actividad institucional avalada por las autoridades de la Cámara Baja en realidad se transformó en una visita a militares condenados, con el objetivo de trabajar en un proyecto para sacarlos de la cárcel y otorgarles prisión domiciliaria.
Además, en su escrito, apuntó contra funcionarios, diputados de su propio bloque, un cura, abogados conservadores y hasta mencionó a Sharif Menem, sobrino segundo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, asesor y su mano derecha en el Congreso.
La diputada fue citada por la Justicia para ratificar la denuncia, lo hizo y entonces fue aceptada como querellante en el expediente que se abrió. También se le asignó una custodia oficial, tanto a ella como a sus padres, que residen en Mendoza, luego de que la misma manifestara haber sido amenazada y presionada para mantenerse en silencio.
La libertaria dice que tras la difusión de su visita a los represores, en la que se tomó una foto en la que aparece posando con los condenados de lesa humanidad, su vida se convirtió en un calvario.
«Se alteró mi rutina, y de ahí vino una debacle genérica contra mi persona, la que incluyó, por ejemplo, que personas en las redes sociales me agredieran, sujetos desconocidos en la calle me tomaran fotos y toda una cadena de hostigamiento que lo único que hizo fue que toda mi familia tema por su seguridad y la mía», expresó en su denuncia.
“Hoy en día me encuentro desprotegida y se encuentra desprotegida mi familia. Más allá de que solicito que se investiguen estos hechos y a este grupos de personas vinculadas en los grupos [de WhatsApp, cuyos chats aportó a la causa], vengo a solicitar protecciones para mi familia y mi persona”, pidió. La Justicia accedió a ese pedido.
Arrieta acudió a la Justicia tras recibir varios mensajes de WhatsApp de tono amenazante tras su decisión de exponer lo que había sucedido antes y después de la visita a represores el 11 de julio pasado, que encabezaron Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, la propia Arrieta y Rocío Bonacci, la única diputada que al llegar al lugar se negó a participar de la reunión y sacarse fotos con los militares.
«La actividad originalmente no era reunirse con genocidas, nos enteramos minutos antes de llegar, entonces no participe de la charla ni de nada», dijo Bonacci a Clarín.
La presentación de la diputada libertaria desnudó una trama de reuniones, amenazas y presiones para silenciar el tema que se convirtió en un escándalo que ya se apoderó de la agenda del Congreso. Aportó capturas de diferentes grupos de WhatsApp en los que los diputados, junto con el padre Javier Ravasi, y abogados que militan por la liberación de militares condenados por lesa humanidad, organizan el tour al penal y también preparar un decreto y un proyecto de ley para sacar con domiciliaria a los genocidas.
Ravasi es un religioso que formó parte la conservadora congregación del Verbo Encarnado, y luego creó la fundación San Elías, desde donde critica las políticas de género y diversidad. Influencer de derecha en las redes, es además hijo del represor Jorge Antonio Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura.
Entre los abogados que menciona se encuentran: Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico Saint Jean, exgobernador de la dictadura, y presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia; María Laura Olea, hija de Enrique Braulio Oléa, ex jefe del Batallón de Ingenieros donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”, en Neuquén, condenado a perpetua; y Eduardo Riggi, ex juez acusado de cajonear causas por crímenes de lesa humanidad.
En uno de los mensajes que aportó afirman que la visita contó con el visto bueno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Beltrán Benedit, algo que fue desmentido categóricamente por la funcionaria a Clarín. “Patricia se enteró por los medios”, aclararon voceros oficiales del Ministerio de Seguridad. “No hubo nunca una charla entre la ministra y ese diputado, ese diálogo no existió”.
Falta de controles en Ezeiza y amenazas
Arrieta contó que no hubo controles en su ingreso a la cárcel de Ezeiza. Que nadie los controló demasiado y hasta pudieron ingresar con sus teléfonos, con los que se sacaron fotos con los represores compartiendo una merienda e intercambiando ideas sobre cómo sacarlos de prisión. Una de esas imágenes es la que publicó este diario el martes, revelando, uno por uno, todos los participantes del encuentro en una improvisada capilla de la Unidad 31.
En la foto se ve a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda), y Antonio Pernías, entre otros represores.
La falta de controles en su entrada al penal es otro punto de investigación judicial. Según explicaron fuentes judiciales, lo lógico sería que a partir de la apertura del expediente se requiera informes al Servicio Penitenciario y al penal en particular sobre la polémica visita de los libertarios. Inclusive se podría requisar las celdas de los presos en busca de elementos de interés a la causa.
La libertaria, que aclaró que todos en el bloque mileista estaban al tanto de la visita, además pidió que se investigue la responsabilidad de las autoridades de la Cámara de Diputados en la organización del viaje, porque ella contó que le habían informado que era una “visita humanitaria” que tenía la venia de Martín Menem.
La utilización de una combi de la Cámara Baja apuntaría a que las autoridades estaban al tanto y aprobaron ese recorrido, que fue notificado a la Dirección de Coordinación Administrativa (DGCA) por el propio Benedit, según informó el newsletter parlamentario Hecha la ley. Por esa razón, tampoco se descarta que podría librarse un oficial al Congreso para que aclare ese punto.
Un último punto con las amenazas. En las casi 150 páginas con chats de grupos y conversaciones de WhatsApp que aportó Arrieta a la Justicia, ella afirma que hay pruebas de las presiones y agresiones que sufrió por su visita a genocidas. Uno de los mensajes que adjuntó es de un usuario llamado Marta, con quien compartía uno de los grupos creados por Ravasi.
“Sos una caradura de la casta. Estuviste invitada a la reunión de la casa de la calle Montevideo. Sos más de lo mismo. No resiste un archivo y encima sos ignorante. Lee un pico r i truite. Lemoine es mejor q vos. Si no sabes quién era Astiz anda a lavs los platos.no podes representar al pueblo q voto LLA. Llegaste de pedo ahí. Te escondes debajo de la mesa ante un grito de la izquierda. No la ves!! (sic)”, le escriben luego de sus declaraciones públicas en las que se desligó de la visita a Astiz y otros represores.
Arrieta apunta directamente por el amedrentamiento que sufrió al diputado de Entre Ríos, Beltrán Benedit, a quien consigna como el organizador del tour a represores. Y adjunta un mensaje que recibió el 31 de julio pasado, a las 9:44 am, que terminó de convencerla para hacer la denuncia ante la Justicia. “Mi recomendación es que sigas los consejos del ejecutivo, no te cortes sola porque te dejarán”, le escribió. “No te equivoques en quién es quién. Esto recién empieza”, le dijo.
«El diputado Benedit era un buen compañero, lo consideraba un referente, por lo que todo lo vivenciado y ese mensaje me marcaron mucho», afirmó a la Justicia Arrieta en su presentación, a la que tuvo acceso Clarín.
En paralelo a su presentación judicial, la diputada libertaria se desmarcó de su bloque, donde algunos como Lilia Lemoine la acusan de ser funcional al kirchnerismo, y pidió la creación de una comisión investigadora en el Congreso para determinar las responsabilidades oficiales de la visita a Astiz y los represores condenados por secuestrar, violar, torturar y desaparecer a personas durante la última dictadura militar.
Su proyecto de resolución busca que se pueda “conocer y delimitar el grado de participación que ha tenido cada funcionario perteneciente a esta casa en dicha actividad, como así también, del resto de los poderes o particulares que pudieran encontrarse vinculados».
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