La UFI-PAMI pidió al juez la testimonial de 26 afiliados más

Javier Arzubi se reunió ayer con el fiscal Toranzos. Vino para hacer una devolución de la documentación analizada.

l titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) PAMI, Javier Arzubi Calvo, llegó ayer a la provincia para reunirse con el fiscal Ricardo Toranzos por la causa de la megaestafa al PAMI, en la que se calcula un desfalco al organismo por tres millones de pesos. A la mañana, el fiscal federal arribó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Buenos Aires, y solo estuvo en la ciudad por un par de horas. «Vinimos a hacer una devolución de las cosas que estamos viendo de la documentación que nos llevamos. Le dejamos un escrito con un análisis que habíamos hecho hasta ahora y lo que para nosotros falta», comentó Arzubi a El Tribuno. Entre las medidas que solicitó el fiscal resalta el pedido al juez federal de Jujuy que entiende en la causa, Wenceslao Cardozo, para convocar a prestar declaración testimonial a 26 afiliados más. Recordemos que el 21 de abril, Arzubi había pedido que se le realicen testimoniales a 16 afiliados, algo que hasta el momento no ocurrió. «Nosotros ya las pedimos y es el juez quien las tiene que ordenar», explicó. Y manifestó que hasta el momento solo se realizó una testimonial a la hija de una afiliada por la cual se inició la causa. «La idea es que se les tomen declaración a todos los que fueron víctimas, los que figuran que se hicieron los tratamientos pero no se los realizaron», agregó.

Además, el titular de la UFI-PAMI solicitó que se requiera a la Asociación del Colegio de Bioquímicos los estudios y las conformidades que habrían suscrito los afiliados. Esto se debe a que surgió de algunos informes que ellos manifestaron que no reconocieron sus firmas o que no se habían realizado determinados estudios.

Al Colegio de Bioquímicos le pidió que remita los legajos, altas y controles de los laboratorios y de los profesionales investigados. A la Gerencia de Sistema del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp) solicitó las transmisiones efectuadas por los médicos de cabecera y de los bioquímicos investigados, en relación con las prácticas de los afiliados respecto de los cuales se hubieran utilizado sus datos, para facturar estudios no realizados.

«Nosotros pedimos un montón de documentación al PAMI, y estamos esperando que nos la den. Seguramente esta semana la enviarán; si eso ocurre, la idea es hacer otra devolución y ahí ya pedir un peritaje bastante completo», expresó el fiscal federal. Arzubi aclaró que con ese peritaje van a pedir que contemplen si se hicieron los estudios que figuran, qué tipos de estudios y si era necesario que se los realicen.

El fiscal contó a El Tribuno que su equipo de trabajo encontró divergencias en un ítem que es muy importante en cuanto a los estudios de alta complejidad. En un principio, esos análisis se derivaron a un laboratorio de otra provincia, pero el fiscal advirtió discrepancias entre la cantidad de derivaciones que hacían los bioquímicos de Salta contra lo que este laboratorio de alta complejidad dijo que le habían derivado. O sea, se facturaron más estudios que los efectuados. Según informó el fiscal, hay una estimación de tres meses de relevamiento que rondarían al menos en 600 mil pesos en cuatro meses.

«Eso también responde a que había una falta de control que ahora supongo que se está encaminando. Cuando se habla de este tipo de estafas siempre se habla de un monto muy grande, pero después hay que analizar caso por caso», finalizó Arzubi.

La investigación

La investigación sobre la megaestafa al PAMI comenzó cuando la Asociación de Bioquímicos de Salta realizó una auditoría interna y detectaron irregularidades en la facturación. La anomalía fue advertida por una empleada de la Asociación de Bioquímicos, que al momento de facturar un estudio de laboratorio descubrió que estaba a nombre de su madre, cuando ella no se lo había realizado.

En ese momento, la entidad salteña hizo la denuncia al PAMI, quien inmediatamente remitió la documentación a la Fiscalía Federal de Salta. El fiscal federal encargado de la investigación es Ricardo Toranzos, y fue quien solicitó la participación de auditores especialistas del Ministerio Público Fiscal para analizar la documentación.

Por esta causa se encuentran acusados dos médicos de cabecera del PAMI y cuatro bioquímicos, quienes ya prestaron declaración indagatoria frente al juez Wenceslao Cardozo.