Comité Contra la TorturaLa superpoblación carcelaria en Salta supera el 700%

La crisis de la superpoblación carcelaria está alcanzando límites realmente alarmantes.
Según datos proporcionados por el Comité Contra la Tortura, la crisis de sobrepoblación en las cárceles de Salta alcanzó niveles alarmantes, con casos extremos donde la subrepoblación supera el 700%. En particular, la cárcel de mujeres de Orán ha sido señalada como un establecimiento donde ninguna celda está apta para alojar a las detenidas.

Rodrigo Solá, presidente del Comité Contra la Tortura, destacó la necesidad urgente de una colaboración entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Ministerio Público Fiscal para abordar esta crisis. Solá informó  en  fm Aries que la Alcaldía de Salta, diseñada para albergar a 350 personas, actualmente tiene una población de 900 internos. Esta sobrepoblación no solo afecta a los reclusos sino también al personal penitenciario, que está dimensionado para una capacidad mucho menor.

La situación en las comisarías del interior es igualmente grave, donde los recursos son tan limitados que los policías se ven obligados a organizar rifas para alimentar a los detenidos. «En algunas comisarías del interior, los propios policías organizan rifas para alimentarlos», reveló Solá, subrayando la precariedad de los recursos disponibles.

Las cárceles de Salta no cumplen con los estándares mínimos de espacio y condiciones de habitabilidad. En la cárcel de mujeres de Orán, ninguna celda cumple con los requisitos básicos para alojar a las detenidas, exacerbando la crisis de sobrepoblación. Solá mencionó que, tomando en cuenta los estándares que exigen al menos 6 metros cuadrados por persona, la sobrepoblación se agrava significativamente, llegando en algunos casos extremos al 700%.

Solá enfatizó que la construcción de nuevas infraestructuras es solo una parte de la solución. Además, se necesita abordar la demora en la tramitación de causas judiciales, el uso excesivo de prisiones preventivas y la falta de implementación de tobilleras electrónicas.

Existen personas privadas de libertad que ya cumplieron su condena y muestran una excelente conducta, pero no reciben los beneficios correspondientes debido a estas demoras y falencias en el sistema judicial, aseguró Solá.