Los jueces nacionales y federales rechazaron las críticas del Gobierno por las salidas masivas de presos por la pandemia de coronavirus y cuestionaron las amenazas de iniciarles juicios políticos. Dijeron que el problema no es responsabilidad de ellos, sino de las deficiencias del sistema carcelario que le corresponde al Poder Ejecutivo remediar.
«Ninguna solución al problema de fondo se encuentra en manos del Poder Judicial», dijo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en un comunicado; una respuesta directa al presidente Alberto Fernández y a sus funcionarios, que sostuvieron que el problema eran las decisiones que tomaban los jueces.
Señalaron que las libertades sobre las que resuelven los jueces se deben a «deficiencias en las estructuras del sistema carcelario y no al trámite propio de los procesos judiciales». Indicaron que los magistrados deben resolver entre mantener la detención de un preso con probabilidades de enfermar con severidad, o disponer el arresto domiciliario o la liberación de quienes no podrían aspirar a dejar la cárcel en otras circunstancias.
Aseguraron que para tomar esas decisiones los jueces tienen en consideración «las condiciones particulares del imputado o condenado, las características del hecho, la opinión de la víctima» y las circunstancias de cada caso.
Las jueces reunidos en la Asociación de Magistrados son nacionales y federales; es decir, actúan en el ámbito de la Capital en casos de delitos comunes y en delitos federales en todo el país. No son jueces que deciden sobre las causas de delitos comunes ocurridos en las provincias.
«Es el Poder Ejecutivo, nacional o provincial, quien tiene a su cargo la administración de los establecimientos carcelarios y a él comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de salubridad e higiene intramuros», dijeron los jueces deslindando responsabilidades en Fernández y el gobernador Axel Kiciloff quienes les habían dicho que el problema se generó por sus fallos.
Los jueces dijeron que ellos determinan cuál derecho está afectado en menor medida y que son «los administradores del sistema penitenciario» los que tienen que tomar medidas antes de que el asunto tenga una solución judicial.
La respuesta también se dirigió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que promovió juicios políticos contra jueces que excarcelaron a delincuentes peligrosos. «Resulta inadmisible el empleo del juicio político como herramienta de intimidación hacia los magistrados que resuelven de un modo contrario a la expectativa de quien lo promueve», declaró la Asociación, que reúne a jueces, funcionarios, fiscales y defensores.
Recordaron que para revertir fallos que pudieran ser equivocados hay herramientas procesales, como el recurso ante un tribunal superior. Y que ese remedio pone en pie de igualdad a los imputados o condenados y a los interesados por el delito.
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