Jueces y camaristas federales se mostraron enojados y preocupados por “la intromisión en el Poder Judicial”, y posibles hostigamientos.
El enfrentamiento de Cristina Kirchner con el Poder Judicial sumó, este lunes, otro capítulo. Determinada a sostener su teoría del lawfare y de que todo lo ocurrido en la justicia que la tiene como principal acusada sólo responde a una persecución política, volvió a atacar a la Corte Suprema de Justicia -que tiene en sus manos decisiones claves- y a varios jueces de Comodoro Py. Las réplicas no tardaron en llegar: “el problema de la vicepresidenta no somos los jueces, son las pruebas en su contra”, indicó un magistrado con despacho allí. Tanto él como la mayoría de los consultados por Clarín se refirieron a la «gravedad institucional» del mensaje y la «intromisión en el accionar de la justicia». Y concluyeron: «nunca antes Cristina se había mostrado tan preocupada por su situación penal.»
Hace dos semanas, la Corte -modificada en su conformación por el kirchnerismo pese a que ahora vuelve a cuestionar su integración- tomó una decisión que no le gustó a la vice y que sólo leyó en un tono político. Los ministros del máximo tribunal rechazaron, de forma unánime, todos los recursos de su abogado, Carlos Beraldi, vinculados al caso por la presunta corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz.
La decisión de la Corte allanó el camino para que el debate llegue a su instancia final en la que el Tribunal Oral Federal 2 aguarda dictar un veredicto a fin de año. Cristina Kirchner agotó sus instancias y ahora le resta esperar.
Ese juicio tendrá un capítulo importante después del receso invernal: el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
El malestar de Cristina con el máximo tribunal quedó explícito en el duro video difundido este lunes, donde dijo: “Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución».
Los jueces que juzgan a Cristina
La Corte tiene en sus manos otras decisiones clave sobre el futuro judicial de la vice: juicios hoy suspendidos pero que podrían desarrollarse, casos que involucran a sus hijos Máximo y Florencia, y hasta el controvertido cobro de una doble pensión vitalicia por 4.147.000 pesos por mes.
La justicia federal porteña, el fuero que investiga la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico, no quedó exento de las críticas de la vicepresidenta. Acusó a la Corte de encubrir a los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, presidente de la Cámara Federal porteña.
¿Por qué? Los dos primeros jueces son los que el kirchnerismo buscó destituir desde el Congreso al cuestionar sus traslados. Bruglia y Bertuzzi ocupaban otros cargos y durante el gobierno de Mauricio Macri fueron movidos a la Cámara de Apelaciones porteña, instancia revisora de las decisiones que se adoptan durante la instrucción de un expediente.
Un detalle: esa misma práctica había sido utilizada por el kirchnerismo.
Luego de la difusión del video de Cristina, en Comodoro Py algunos jueces esgrimieron sus respuestas.
El problema no son los jueces sino las pruebas
“Esos problemas son los más importantes para la vicepresidenta, pero su problema no somos los jueces, sino la prueba colectada en los expedientes”, indicó uno de los magistrados. Otra de las críticas de la vice apuntó a las decisiones judiciales que beneficiaron a Macri. Bajo el mismo criterio, otro juez señaló que “en tal caso, fue también la prueba lo que condujo a las decisiones que se firmaron”.
Sin aludir a la personalización que la vice realizó en sus videos contra miembros del Poder Judicial, varios magistrados coincidieron en plantear que «institucionalmente es un escándalo, no se puede aceptar que un miembro del Poder Ejecutivo se dirija así a la cabeza de otro poder del Estado».
Bajo esa línea de análisis, un integrante de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que un Presidente o su vice que es cabeza de un poder del Estado tiene derecho a opinar. «Ahora bien, cuando se refiere a causas propias, le comprenden las generales de la ley, y esa visión es parcializada y pierde credibilidad».
Lo trascendente, aportó otro juez con larga trayectoria en los tribunales federales, «no es tanto que opine sobre un juez federal, la Cámara o la Corte, sino que esa opinión o crítica de transforme en un hostigamiento, porque en ese caso se podría afectar la división de poderes».
Esa es la visión que más nuclea a jueces y camaristas de diversas instancias. Uno de los jueces apuntado por Cristina Kirchner habló de la «gravedad institucional» del planteo al tratarse la vicepresidenta, «afectando la división de poderes. Algo que no sería tolerable en ningún país democrático».
La lectura principal que se realiza en la justicia refiere al respeto a las instituciones del sistema republicano y representativo «que está garantizado por la Constitución», reflexionó otro de los magistrados, «Esto refleja lo difícil que es en estos momentos juzgar al poder: una funcionaria del más alto rango procesada en varias instancias está haciendo uso de todos los recursos del Estado para evitar que sus juicios avancen», sentenció.
Respecto a la integración de la Corte Suprema, un camarista recordó en tono irónico que el kirchnerismo «quiso una Corte de cinco miembros, ahora quieren una de 25. ¿Y mañana? ¿De cuántos?»
Las estadísticas muestran que Cristina Kirchner fue la presidenta que más jueces designó: en total 251 jueces de diversos fueros, incluidos los de Comodoro Py que después se convirtieron en centro de sus críticas.
«Lo que silencia (la vicepresidenta) es que la mayoría de los jueces y fiscales de distintas instancias salvo alguna rara excepción en su mayoría fueron nombrados por el peronismo y los más por el kirchnerismo», abundó otro juez cuyo decreto lleva la firma de Cristina Kirchner.
Con base en ese criterio en Comodoro Py recordaron que se cumplirán cuatro años sin un Procurador General en carácter de titular, porque Cristina Kirchner no aceptó al candidato del Presidente de la Nación, que era el juez Daniel Rafecas. «Tampoco lograron en todo este tiempo nombrar al quinto ministro de la Corte, porque no pueden ponerse de acuerdo dentro de la fuerza gobernante», indicó un integrante de la Cámara de Casación.
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