La proyección al total país de los datos del Indec del último trimestre 2020 para el conjunto de 31 aglomerados urbanos arrojó que, en sólo tres meses, 3 millones de personas dejaron de acceder plenamente a la compra de la canasta básica de alimentos y servicios.
La pobreza por ingreso duele y mucho, más aún cuando se expande a un ritmo de más de 10 veces la tasa de crecimiento de la población, porque no sólo se deteriora año tras año el poder de compra de las remuneraciones, haberes jubilatorios y las ayudas dinerarias que a través de diversos programas administra el poder central, por la erosión que ejerce la aceleración de la inflación, se cierran fuentes de trabajo, y el Gobierno piensa más en imponer regulaciones y prohibir o suspender exportaciones de sectores con alta productividad y competitividad, como es la producción primaria y la agroindustria, que en generar incentivos para revertir décadas de estancamiento.
El pasado 31 de marzo el Indec informó que la Encuesta Permanente de Hogares había arrojado para el promedio del segundo semestre de 2020 un salto de la pobreza a 42% de la población urbana, desde 35,6% un año antes cuando nadie, o muy pocos, alertaba de la llegada de la pandemia de covid-19. Pero, un mes y medio después, el organismo publicó los microdatos” desagregados por trimestre, los cuales, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), dieron cuenta de una realidad notablemente peor: entre octubre y diciembre la población que no contó con los ingresos suficientes para comprar la canasta plena de alimentos y servicios básicos se había incrementado en la proyección al total país en 3 millones de personas, a 20,53 millones, pasó de 38,8% a 45,2% del total de habitantes del universo relevado.
Muchas veces, a efectos de no alarmar a los políticos, y en base a fundadas razones de manejo de estadísticas, se aconseja no “extrapolar” los datos de los 31 aglomerados urbanos que representan el 63% de la población al resto del país. Sin embargo, la singular heterogeneidad de la geografía nacional y de la densidad demográfica en cada una de las jurisdicciones relevadas permite desatender esa observación, y alertar mejor sobre la gravedad de una realidad que duele, porque no se trabaja para revertirla, con planes integrales de corto, mediano y largo plazo.
Más aún cuando en plena crisis económica y sanitaria, el Poder Ejecutivo, gran parte del Legislativo, e incluso en el sistema judicial, se malgasta tiempo en cuestiones institucionales que escapan a las urgencias y preocupación de la población, como la pérdida de días de clases y la incorporación en sólo 3 meses de casi 1,1 millones de niños de hasta 14 años al estado de pobreza. Subió a 62,9% de ese universo, con extremos de 72,7% en los partidos del conurbano bonaerense, y ya significa más del 15% del total de habitantes en la Argentina.
Variaciones por edades y regiones
En ese segmento, la excepción fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pese a la suspensión de las actividades en las grandes cadenas comerciales que incluyen actividades de esparcimiento y gastronomía, como de turismo local e internacional, la notable diferencia de ingreso medio con el resto del país permitió que pese a debilitarse y acusar el efecto de la crisis sanitaria y económica, logró reducir el universo en estado de pobreza en el trimestre y en el año, a 23,7% de sus residentes.
En el resto del país, los niños que acusan un consumo insuficiente de alimentos y servicios básicos para posibilitar un adecuado desarrollo y crecimiento representaban el 60% del total de esa franja etárea, y se estimó en poco más de 50% en la región patagónica. Pero en todos los casos, salvo en CABA, la tasa de aumento de la pobreza se incrementó en torno al ritmo del promedio nacional de ese universo, entre 8 y 11 puntos porcentuales, en apenas 3 meses.
Un comportamiento similar, aunque con tasas menores, por la posibilidad de la población adulta de generar algún ingreso, se advierte en el mapa de la pobreza en las franjas de 15 a 64 años, aunque, como en el caso de los niños, con incrementos en cantidad de personas extremadamente superiores al crecimiento vegetativo de la población en el trimestre: 663.000 en el tramo de 15 a 29 años, pese a que se sumaron a esa franja unas 3.000 personas; y 938.000 individuos en el de 30 a 64 años, el cual habría sumado 67.500 habitantes.
Mientras que en el segmento extremo de 65 años y más, los microdatos del Indec detectaron una tasa de pobreza por debajo de 14%, se elevó en 3,7 puntos porcentuales, equivalente a unas 197.000 personas, muy inferior al promedio del resto de las franjas etáreas, por efecto del refuerzo trimestral de los ingresos de los jubilados y pensionados, que les posibilitó atenuar el perjuicio de la aceleración de la inflación que se observa desde agosto.
Subibaja de la indigencia
La población que no logró disponer de los recursos monetarios suficientes para poder comprar la totalidad de la canasta básica de alimentos bajó en unas 15.000 personas en el trimestre octubre a diciembre, a 4,8 millones de habitantes, por efecto de los refuerzos transitorios de los planes de asistencia social. Sin embargo, la tasa de 10,6% de habitantes en estado de indigencia, muchos de los cuales habitan en las calles de los centros urbanos, significó un aumento en poco más de 900 mil personas en comparación con un año antes.
En ese caso, la Encuesta Permanente de Hogares del Indec detectó bajas respecto del trimestre octubre-diciembre de 2019 en las franjas de hasta 12 años; mientras que se incrementó significativamente en los tramos de 13 a 17 años, 4,3 puntos porcentuales, a 19,1%; subió en 2,5 pp y 2,1 pp en el segmento de 18 a 29 años y de 30 a 64 años respectivamente, a 11,6% y 9,1%, en cada caso.
Nuevamente, como en el caso de la pobreza, la región con más alta proporción de niños indigentes -hasta 14 años- se mantuvo firme en el conurbano bonaerense con 20,8%; aunque el salto más significativo se localizó en el NOA (Noroeste Argentino -Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero-, aumentó en 10,3 puntos porcentuales en el trimestre y 3,1 pp en el año, a 15,9% de sus habitantes.
En el resto de las regiones se observaron subibaja en las tasas de indigencia, y en un rango de 1 por cada 10 niños con nutrición insuficiente para su adecuado desarrollo.
Efecto extendido a todos los niveles educativos
La ola expansiva de la pobreza fue tan grande en el último año, en particular en el último trimestre, que no sólo golpeó con dureza a los sectores de alta vulnerabilidad como los que registran un bajo clima educativo -menos de 11 años de concurrencia a la escuela-, sino que se extendió hasta la franja de los universitarios con diploma en más, y en algunos casos con cursos adicionales, porque la puerta de entrada al mercado laboral se vio demorada en unos casos, interrumpida en otros, y en algunos casos fueron despedidos o perdieron emprendimientos individuales, por el aislamiento extremo.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, dijo a Infobae a comienzos de la semana: “Eso se debe en parte a la caída del ingreso real de los asalariados, como también de los autónomos e independientes calificados o semicalificados, como profesionales y técnicos, incluso sin diferencias entre jefes y jefas, porque muchas veces son las mujeres las que están en situación más vulnerable, porque ya no fue tanto el efecto de la caída del empleo, como que las remuneraciones ya no les alcanza para cubrir las necesidades del hogar”.
Y agregó: “En ese contexto es que vamos a un empobrecimiento de los sectores bajos y medios bajos; de jóvenes con niveles técnicos y profesionales, pero también de adultos calificados y semicalificados, porque ya los otros segmentos estaban caídos en la pobreza, y estos fueron los que se incorporaron ahora”.
Pandemia y algo más
Claramente, la irrupción de la crisis sanitaria en los primeros meses de 2020, de la cual se tomó nota el 20 de marzo, cuando el Presidente dispuso por decreto una cuarentena estricta, que luego se fue extendiendo por módulos quincenales, le dio impulso a los índices de pobreza e indigencia, porque la principal fuente de ingresos, que es el empleo de más de 19 millones de personas que ocupan más de 22 millones de puestos de trabajo, se vio debilitada con el cierre de actividades, restricciones a la movilidad de las personas, en particular a través de los medios públicos de transporte.
Tanto las estadísticas del Indec de desempleo, como del Ministerio de Trabajo que registra un fuerte aumento de las suspensiones de personal y reducción del empleo asalariado privado registrado; como de la AFIP que da cuenta de que más de 23.000 empleadores dejaron de ingresar aportes y contribuciones sobre las remuneraciones que pagan, reflejan mes a mes ese fenómeno.
Ese cuadro se agravó cuando a partir de agosto el Gobierno impulsa una política fiscal laxa, sin advertir que el exceso de emisión en los primeros meses de la gestión para atender las urgencias de asistencia social que disparó la crisis sanitaria, ya había comenzado a expresarse en la aceleración de la inflación, y aumento de la pobreza e indigencia. Un mejor camino hubiese sido acudir a reasignaciones presupuestarias de partidas que por la pandemia podrían haber sido postergadas, y disponer a ajustes tarifarios que le posibilitaran reducir el voluminoso pago de subsidios a las empresas para que pudieran sostener los servicios públicos esenciales.
Brecha entre ingresos y el valor de la canasta básica plena
Con alta inflación los salarios y el gasto del hogar crecen en valores nominales, pero se derrumban en términos reales, y de ese modo pierden capacidad de compra, y potencia el crecimiento de la indigencia y pobreza de los hogares y de la población.
De las series de precios y del valor de la canasta básica total -determina el umbral de pobreza- del Indec, y de salarios del Ministerio de Trabajo que se toma como parte de la fórmula de movilidad jubilatoria (Ripte, Remuneración Imponible para el Trabajador Estable), y del Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec, en este caso con datos a febrero, pero proyectados a abril en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, se desprende que la aceleración de la inflación desde agosto último provocó un claro deterioro del poder de compra de la población en general.
El Gobierno estima que ese fenómeno fue producto de un solo rubro, los alimentos que participan en el índice de inflación con un rango del 20,3% en el Gran Buenos Aires, hasta 35% en el NOA y NEA, y entre ellos un histórico en la canasta de consumo de los argentinos, como es la carne vacuna, que representa apenas con 7% en GBA y máximo de 13,3% en el NEA y 12,5% en el NOA; y por eso cree prohibiendo la exportación habrá más oferta para consumo y bajarán los precios.
La metodología para la medición de inflación del Indec especifica que “se vale del seguimiento diario, semanal, y mensual, según los casos, de los valores de mercado de un conjunto de cerca de 320.000 precios de las variedades de la canasta en distintos comercios, negocios particulares, supermercados, autoservicios y mercados ubicados en barrios y centros comerciales en 39 aglomerados urbanos de todas las provincias del país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 24 partidos del Gran Buenos Aires”, además de los precios y tarifas de servicios públicos y privados. Esa canasta se determina en base a “un promedio del gasto del conjunto de los hogares”, precisa la metodología de cálculo del organismo oficial de estadística.
De ahí se desprende que el resultado de la variación del Índice de Precios al Consumidor es “multicausal”. Y si bien el IPC se lo utiliza como sinónimo de inflación, los determinantes, en ese caso, en particular cuando supera un dígito porcentual anual, más de 5%, se acotan a la magnitud del déficit fiscal y su financiamiento a través de la emisión de pesos por parte del Banco Central, la cual se presenta bajo la forma de “adelantos transitorios”, “transferencias de utilidades contables”, que deriva en el denominado “impuesto inflacionario”. Poco tiene que ver la arcaica “puja distributiva”.
Una prueba de eso es que la brecha entre el ingreso de la población y el valor de la canasta básica total que determina el umbral de pobreza acumula desde el inicio del actual gobierno un deterioro acorde con la caída que acusó la actividad económica en su conjunto, todos perdieron.
De ahí que el consenso de los economistas, como de los expertos en el análisis de los indicadores socioeconómicos, coinciden en que más allá de factores estacionales o puntuales, como es el cobro del medio aguinaldo a fines de cada semestre que incide en la capacidad de gasto en los meses siguientes, o del pago de un bono extraordinario como fue el IFE en 2020 y ahora “mini IFE” como lo bautizó Agustín Salvia, el umbral de pobreza es muy probable que haya bajado levemente en el primer trimestre de 2021, pero volverá a subir en los tres meses siguientes, por el efecto combinado de la aceleración de la inflación y del nuevo debilitamiento de la actividad económica.
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