Tras criticar con dureza la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema que le devolvió fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, la oposición pasó de la enunciación a la acción. Y decidió arremeter en la Justicia.
La diputada Graciela Ocaña, integrada en el mismo espacio político, fue incluso más puntual y aportó nombres. Advirtió que «el kirchnerismo lleva al Gobierno Nacional a un estado de desobediencia que denigra las instituciones» y, ante ello anticipó que denunciará «a los funcionarios involucrados ante la Justicia, entre ellos al Ministro Massa y a Batakis que preside el Banco Nación».
El anticipo de Ocaña va por quienes tienen la firma para actuar en pos de los dichos del Presidente: por ello habla del ministro de Economía y de su antecesora, que ahora tiene a cargo las cuentas oficiales desde donde deberían salir los fondos de vuelta hacia la Ciudad de Buenos Aires.
La Coalición Cívica dio detalles de lo que será «una denuncia penal contra el Presidente de la Nación y los funcionarios que no acaten el fallo de la Corte, por alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público».
“Quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr”, afirmaron, desde esa fuerza en declaraciones políticas.
Como suele ser ante denuncias que tienen caracter institucional, Carrió no firmará sola su presentación. Con ella figuran el presidente de la CC Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque en la Cámara baja Juan Manuel López y las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvic, electas por el distrito aludido en el fallo.
Con ellos figuran los legisladores porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, además del presidente del sello lilito por la Ciudad, Claudio Cingolani.
Todos ellos fueron los primeros de la oposición en reaccionar por redes ante el embate presidencial a la Corte. Ferraro dijo que desde el Gobierno «quieren romper todo» y advirtió que «la deslealtad constitucional tiene graves consecuencias políticas y penales».
Una vez más atentan contra el orden institucional. La deslealtad constitucional tiene graves consecuencias políticas y penales. Quieren romper todo.
Una vez más atentan contra el orden institucional. La deslealtad constitucional tiene graves consecuencias políticas y penales. Quieren romper todo.
— maxi ferraro (@Maxiferraro) December 22, 2022
El diputado López fue por demás punzante. «Alberto Fernández se ve con los gobernadores y se excita, cree que puede desconocer a la Corte»
Pero el abanico de acciones judiciales como respuesta opositora al desacato enunciado por Alberto Fernández no queda allí. El diputado radical Mario Negri ya anticipó que considera que el accionar presidencial «es pasible de juicio político», facultad del Congreso.
La catarata de presentaciones judiciales podrá derramarse sobre los gobernadores firmantes del comunicado de Presidencia y a quienes Fernández le dio un rol para llevar acabo su propia estrategia.
Es que Fernández abrió una puerta para atar a los gobernadores a la postura que expuso. En el comunicado que el Presidente hizo difundir tras la reunión de respaldo de los mandatarios provinciales en que reveló su intención de recusar a los jueces supremos dejó un hilo de acción expuesto.
El rol de Vilma Ibarra en una pelea que tendrá también a las provincias como escenario
En ese encendido texto, para el Gobierno, el fallo de la Corte mereció todos los adjetivos descalificativos a mano: «inédito, incongruente y de imposible cumplimiento» y hasta «un fallo político», lo llamó el Presidente.
Pero a la hora de avanzar en el camino de su propuesta de recusación involucró a los gobernadores.
Es en el último párrafo del comunicado que dice: «Los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma».
Ese involucramiento provincial, que también quedó en la mira opositora, fue parte de una estrategia judicial que, según fuentes al tanto de las gestiones, surgió de la más albertista de las funcionarias del Gobierno: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien le cuida la firma al Presidente y quien habría sido la artífice de diseñar el argumento oficial con el paraguas del acompañamiento desde provincias.
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