Luego que se conocieran las identidades de los 48 titulares de las tarjetas de débito que utilizaba Julio «Chocolate» Rigau al momento de su detención en una sucursal bancaria del centro platense, la fiscalía del caso espera que el Tribunal de Casación bonaerense reabra el caso para poder esclarecer el mecanismo con el que se urdían las maniobras catalogadas, en principio, como estafas.
Hasta el momento solo declararon 16 de los supuestos empleados de la Legislatura provincial, entre quienes se cuentan una militante de un partido «Celeste» que supo ser aliado de Javier Milei y un empleado de la municipalidad de La Plata, al parecer, familiar del principal sospechoso.
La fiscalía n° 2 de La Plata detuvo su investigación el jueves pasado cuando se conoció la resolución del tribunal de apelaciones platense que anuló las pruebas de la causa y liberó al puntero massista, al que se le había incautado una bolsa con más de $1.200.000 y los 48 plásticos citados. Hasta entonces la fiscal Betina Lacky intentaba indagar sobre el origen de las maniobras que, en principio, decidió catalogar como «defraudaciones reiteradas» porque, al parecer, se produjeron en varias ocasiones.
Es que de la declaración del joven Ezequiel Tocci en la UFI N°2, se pudo constatar que éste no tenía conocimiento del plástico que llevaba su nombre, del cual se hicieron extracciones de dinero desde enero pasado. El testimonio del joven floricultor resultó disonante con los otros supuestos empleados que, según se pudo saber, no comprometió la situación procesal de «Chocolate». En este sentido, aseguraron que le entregaban sus tarjetas de «manera voluntaria» para que éste les haga el favor de retirarles su sueldo. «Lo decían orgullosos», se sorprende aún, una fuente judicial consultada.
De acuerdo a lo que trascendió de fuentes tribunalicias, las tarjetas encontradas en poder de Rigau aquel 9 de septiembre fueron emitidas a nombre de los siguientes numerarios que, en teoría, revistaban en la cámara baja provincial: Marisol Correa; Flavia Antonella Di Rosa,; Daniel Mederos; María Eugenia Rodríguez; Damián Lucero; Oscar Vrcic; Ramón Sosa; Maximiliano Rigau; Paula Valdata; Carlos Ravetllat; Antonio Rodríguez; Graciela Anivarro; Patricio Prieto; Maroni, Belén Sheila; Raúl Boragina; Mabel Alvear; Ricardo Sánchez; Cecilia Raimondo; Aldana Rodríguez; Arturo Falcon Ramírez y Diego Berón. En la misma lista figuran Enzo Plana; María Cecilia D’Ovidio; Rosana Silvia Delgado; Solange Plana; Juan Vallejos; Ramón Silva; Diego Koster; Brenda Caro; Raúl Folone; Ramiro Pascual; Rubén Mendivil; Silvia Marcela Pérez; Gerardo Rigau; Lilia Malmaceda; Matías Pecile; Alvaro Agra; María Amanda Albino; Juan Martín Méndez; José Da Ponte; Perla De Micheli; Mónica Caberta; Cristian Rigau; Ernesto Crivaro; Juan José Tocci; María Cristina Degollada; Ezequiel Tocci; Lourdes Degollada.
No todos los integrantes de esta nómina tendrían al parlamento provincial como único empleador. Tal es el caso de Cristian Osvaldo Rigau, que mantendría un parentesco con el acusado, que según sus antecedentes laborales se desempeña como empleado de la Municipalidad de La Plata. A Mónica Patricia Caberta, en tanto, se la vincula con el Partido Celeste (ProVida) que, hasta el cierre de listas del 24 de junio, supo jugar con el partido libertario.
Según lo que pudo reconstruir la fiscal Lacky, las extracciones de Rigau a nombre de supuestos empleados legislativos se produjeron desde hacía «mucho tiempo». Como quedó dicho, la tarjeta del único testigo que, hasta ahora, no siguió el «libreto corporativo» del resto de sus supuestos colegas había sido utilizada desde enero pasado.
Hasta ahora no hay constancia en la causa de que 3 de los 48 sean personas fallecidas como había trascendido.
Lo cierto es que la investigación hoy se encuentra en punto muerto a la espera de la apelación del fiscal Héctor Vogliolo ante el tribunal de Casación bonaerense, un trámite que tiene como fecha límite mediados de octubre próximo.
El diputado nacional Alberto Assef, que viene de denunciar a los camaristas platenses que liberaron a «Chocolate» de «proteger a la mafia de la Legislatura provincial», estimó ante este diario que «el tribunal de alzada «le va a tener que dar la apelación» al fiscal por lo que consideró «una virtuosa presión de una sociedad escandalizada por estos hechos que fueron descubiertos infraganti», por lo que auguró un pronto reinicio de la pesquisa.
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