El impuesto a la riqueza, conocido como el Aporte Solidario Extraordinario que grava a las grandes fortunas, ahora activó un conflicto en la Justicia. La jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre dictó un amparo y le ordenó a la AFIP que no le cobre el impuesto empresario Alejandro Scannapieco, ejecutivo del unicornio argentino Globant.
De acuerdo con el fallo, dictado el viernes pasado, la jueza resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”.
El empresario había presentado un amparo en la Justicia para no pagar el impuesto alegando que afecta a su derecho a la propiedad y no se trata de un “aporte solidario” como asegura la ley, sino de un tributo “confiscatorio”, el cual se “exige sin contraprestación, en forma coercitiva, no es voluntario u optativo, está destinado a contribuir a financiar el gasto público”.
“El aporte afecta su capacidad contributiva al menoscabar significativamente su renta, gravada ya con el Impuesto sobre los Bienes Personales y que de manera tangencial también se afecta el derecho de propiedad”, agregó el texto. El fallo se demoró en subir a las páginas oficiales, entre otros motivos, porque el expediente contaba con datos patrimoniales del demandante que están reservados.
Por el momento, la decisión tendrá una vigencia de tres meses con una caución real de $100.000 hasta que se resuelva la cuestión de fondo que reclama Scannapieco.
Qué hará la AFIP
Sin embargo, fuentes de la administración federal le adelantaron a LA NACION que apelarán a la medida. Según el Gobierno, el universo de aportantes sería de unas 13.000 personas, de las cuales seis presentaron amparos contra el impuesto a las grandes fortunas y “una de ellas obtuvo una decisión favorable” por parte de la Justicia.
Cabe recordar que el aporte “solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, creado bajo la Ley 27.605, prevé un pago por única vez para aquellos patrimonios que superan los $200 millones, con alícuotas que arrancan en el 2% y alcanzan hasta el 3,5% para bienes en el país y del 3% al 5,25% para bienes en el extranjero.
El proyecto fue impulsado por Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y Máximo Kirchner. La iniciativa contempla que, con esos fondos recaudados, se financien la compra de equipamientos de salud, subsidios para pymes, el relanzamiento del plan Progresar, la urbanización de barrios populares y la realización de obras para equipar YPF y producir gas natural.
Si bien desde el Ejecutivo estiman que la medida alcanza a 13.000 contribuyentes, tributaristas y asesores fiscales privados aseguran que la cifra real podría escalar hasta las 30.000 personas. Los datos finales se darán a conocer la semana entrante, una vez que se terminen de presentar todas las declaraciones juradas y venza el impuesto este 30 de marzo.
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