La Cámara de Casación no avaló el pedido del contratista para que otra Sala de ese tribunal revise la ratificación de su condena, y ahora solo le queda un recurso ante la Corte.
Desde el 2020, Báez padre (65 años) cumple prisión domiciliaria en una casa del Gran Buenos Aires que se mantiene en secreto para que no sea, otra vez, rechazado por vecinos.
Está detenido desde el 2016 por una prisión preventiva que le impuso el juez Sebastián Casanello en el inicio de la causa por el lavado de 55 millones de dólares que terminaron depositados en bancos de Suiza. Luego fue excarcelado en 2020, pero aún pesa sobre él una orden de prisión preventiva por una de las causas vinculadas con la Ruta del Dinero K: la venta irregular de un campo en Uruguay llamado El Entrevero.
Por otra parte, para evitar que la condena a 10 años quede firme, Báez presentó un recurso extraordinario ante la Casación Federal para ir a la Corte.
Casación mandó esta semana al fiscal ante ese tribunal ese recurso extraordinario, para que decida si es procedente. En el caso de que éste y luego los jueces rechacen el recurso, Báez deberá acudir ir al Máximo Tribunal en queja.
Pero ese trámite que sólo parece administrativo tendría otras consecuencias: si la Corte rechaza esa queja, Báez deberá cumplir la sentencia en su contra, restándole a los diez años de condena los años que lleva detenido.
El frente judicial del contratista es más complejo: en diciembre pasado también fue condenado por el Tribunal Oral Federal 2 a 6 años de prisión y un decomiso compartido con otros imputados de 500 millones de dólares en la causa Vialidad. Este fallo también debe recorrer las instancias de apelación para quedar firme.
Cuando ambas causas tengan condenas firmes, el tribunal oral que lo juzgó deberá hacer un cómputo entre las penas y el tiempo que lleva detenido para decidir si Báez vuelve a la cárcel.
Esa Sala de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, denegó este jueves un recurso de casación “horizontal” y un recurso de inaplicabilidad de ley presentado por las defensas.
El reclamo de Lázaro y su hijo mayor era contra la decisión de la propia Cámara de Casación que había confirmado sus condenas por lavado de activos, y les había impuesto las penas a diez y seis años y medio de prisión, respectivamente.
En el caso se comprobó el lavado de más de más de 55 millones de dólares de origen ilícito.
Mediante estos recursos las defensas pretendían que la decisión que confirmaba sus condenas sea revisada por otra Sala de la Casación o por la Cámara en pleno.
Pero Báez tiene otras causas pendientes. Por un lado, la causa Hotesur-Los Sauces que la Cámara de Casación debe decidir si confirma su sobreseimiento y el de su socia, la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por otro, desprendimientos de La Ruta del Dinero K por la compra del campo Entrevero en Uruguay.
Además, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart elevó hace dos años a juicio oral una causa contra Báez por evasión de impuestos superior a 20 mil millones de pesos, entre otras.
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