El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 sostuvo este miércoles que Susana Giménez no cometió el delito de evasión fiscal por la que la había denunciado la AFIP el pasado agosto. El organismo recaudador le adjudicaba a la diva la supuesta evasión de $ 50.377.401,90.
En concreto, la AFIP la había denunciado penalmente por presunta evasión fiscal, acusándola de omitir una declaración jurada de 2019 para no pagar el impuesto de Bienes Personales.
La acusación plateaba que Susana, según el organismo a cargo de Carlos Castagneto, había “ocultado su realidad fiscal a través de la omisión de presentar la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019″.
Este miércoles el juzgado a cargo de Diego Amarante rechazó el requerimiento del fiscal por considerar que no constituyó delito el hecho atribuido a la conductora de Telefe.
El descargo de Susana Giménez
La diva de los teléfonos había evitado expresarse sobre el tema semanas atrás. Desde su entorno hablaron con Clarín y enfocaron el tema desde la grieta política.
«Todo el mundo sabe que Susana es muy crítica del kirchnerismo. Y en cuanto la pueden llevar al terreno judicial, lo hacen. Hay que acordarse que también se la agarraron con ella en 2011, después de que en su programa criticó que no se pudiera comprar dólares por el cepo», habían explicado.
«Y de paso -siguió la fuente-, no nos engañemos: Susana les sirve para desviar la atención de los desastres que están haciendo en su gestión actual».
Las explicaciones del abogado de Susana Giménez
En cambio, quien sí había hablado en nombre de la diva fue el abogado y contador de Susana, César Litvin: «No se puede hablar de engaño. Lo que están haciendo es judicializar un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional”.
«Acá no hay ni delito ni dolo. Pero además, la Corte Suprema ya expresó en su momento que un impuesto confiscatorio afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”, enfatizó Litvin.
El conflicto se centraba en el pago del impuesto de Bienes Personales de 2019. Según explicó Litvin, «dado el aumento de las alícuotas -durante este gobierno-, el impuesto a ingresar representaría el 126,22% de la renta producida por Susana; cifra que asciende a 143,56% si le sumamos Ganancias».
«Así -sigue-, Susana debería desprenderse de una parte de los ahorros de toda su vida para poder afrontar el pago”.
«¡No hubo engaño, hubo pandemia y cuarentena!»
En relación a la demora en la presentación, Litvin le aclaró a Clarín: “El impuesto Bienes Personales de 2019 fue presentado fuera de término porque vencía en plena pandemia, de hecho Susana llegó a estar afectada. Además de que, por esos días, Susana estaba cambiando su domicilio fiscal”.
La presentación en cuestión vencía el 12 de agosto de 2020 y la presentación de Susana fue hecha el 4 de marzo.
«La AFIP hace una denuncia penal porque entiende que la presentación fuera de término es un ardid. ¡Y acá no hubo ningún ardid, lo que hubo es una pandemia y una cuarentena!», manifestó
El abogado concluyó que «hablar de ardid o engaño es un disparate». «Hay que tener en cuenta que durante la pandemia no fue fácil recolectar la información. Se trató de una demora, y entender eso como engañoso es absurdo”, aportó.
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