En el proceso ya están imputados el exdirector de la Anses, Marcos Vera, y la actual titular de la obra social, Verónica Molina.
El escándalo judicial que involucra a la agrupación política La Cámpora Salta podría tener importantes novedades en abril. Desde la Justicia Federal comentaron a El Tribuno que la causa se encuentra “en plena investigación y hay probabilidades de aumentar personas en la imputación”.
La primera quincena de abril será clave para definir si se van a imputar a más personas en este proceso judicial que involucra a Marcos Fabio Jesús Vera Ramírez, exdirector de la Anses Salta, y Verónica Molina, que aún continúa como titular del PAMI.
Desde la Unidad Fiscal Salta, a cargo Ricardo Toranzos, afirmaron que se “ampliarían los responsables y los hechos a investigar”. El fiscal también está investigando por otro lado el trámite de contrataciones en donde se “comprobó ofertantes inexistentes”.
Oferentes inexistentes
Desde la Fiscalía aclararon que en las contrataciones había dos ofertantes que aparecen como “inexistentes o no corresponden al rubro solicitado” por lo que hace presumir que “todo se estructuró para favorecer a un tercero”. Vera y Molina están en libertad porque se considera que el peligro de fuga está neutralizado.
Los imputados, según la acusación, habrían perpetrado tres hechos delictivos: el primero, exigir parte de sus sueldos a los funcionarios, lo que se enmarca en los artículos 266, 267 y 268 del Código Procesal Penal. El segundo tiene que ver con la utilización de los bolsones del PAMI (artículo 260) y el tercero relacionado a los bienes otorgados en campaña que tendrían que haber sido destinados a personas vulnerables (artículo 261). Todo en concurso real. Podrían ser inhabilitados.
En la audiencia virtual que se celebró en octubre del año pasado, donde quedaron imputados Vera y Molina -ambos se abstuvieron de declarar- el fiscal solicitó un plazo de investigación de 90 días y los plazos se cumplirán a partir de la primera quincena de abril.
En aquel momento, el fiscal federal Ricardo Toranzos, de la Unidad Fiscal Salta, explicó que por la entrega de electrodomésticos deben peritar a 1.448 de distintas localidades. Además resta verificar las cuentas bancarias a donde se enviaba el dinero.
Lo que se investiga
Vera está acusado de exigirles a funcionarios públicos, que La Cámpora ayudó a ingresar a trabajar, el 20 por ciento de sus sueldos. Además habrían utilizado electrodomésticos, como pavas eléctricas, donadas por la Aduana que tendrían que haber sido destinados a centros y jubilados del PAMI en situación de vulnerabilidad, para otorgárselas a otras personas en la campaña política.
La polémica causa se inició el 26 de marzo de 2021, cuando una persona, que solicitó reserva sobre su identidad, presentó en la fiscalía capturas de pantalla y audios de Whatsapp en los que Vera, en aquel entonces titular de Anses y Molina, solicitaban el cobro de “aportes” a las personas designadas en las distintas dependencias del PAMI.
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