El fallo es del Juzgado Federal 1 de Rawson. Exige dejar de retener los envíos, pero no aceptó el pedido de Torres para que le devuelvan lo quitado hasta ahora. El Gobierno de Milei apelará la medida.
La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador, Ignacio Torres, con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1, a cargo de Hugo Sastre, obliga al Gobierno nacional a «cesar con la retención» de los fondos de la coparticipación federal que le corresponden a Chubut hasta tanto se avance «en una refinanciación de la deuda». Sin embargo, el juez rechazó la posibilidad de devolver los fondos que fueron retenidos hasta ahora, algo que había pedido la provincia.
El Gobierno nacional adelantó que apelará ese fallo. «Se analiza cómo se hará la presentación, estamos hablando continuamente sobre este asunto», explicó un funcionario a este diario.
El gobernador de Chubut fue a la justicia federal con asiento en la provincia para tratar de revertir el recorte de los fondos que percibe el distrito en concepto de coparticipación. Uno de los puntos de la demanda solicitaba la devolución de 13.500 millones de pesos que debían girarse a Chubut y que el Estado retuvo, lo cual dio origen a la denuncia de Chubut y luego, al conflicto entre la Nación y los gobernadores.
El juez Hugo Sastre ordenó el «cese de la retención que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial», que viene haciendo el gobierno nacional.
El cese de esa retención aplicada por la administración de Milei, deberá hacerse -expresa el fallo- «hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el período máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».
Tras el fallo que obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación, Gustavo Menna descartó la medida de fuerza propuesta por Ignacio Torres de cortar el suministro de petróleo.
Es por eso que el magistrado exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del Estado provincial».
Cuando Chubut acudió a la justicia, sostuvo que la Nación no les contestó las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia. Por eso, dice la denuncia, el Estado Nacional «habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias».
A criterio del magistrado, y según indicó en su fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de «solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad».
En su fallo, Sastre expresó que ante este escenario resulta indispensable «estimular el mejoramiento de las cuentas públicas provinciales a través de medidas coordinadas con el gobierno nacional».
Esta tarea, continuó el juez, implica «un esfuerzo de organización y financiero, que en muchos casos podía exceder las posibilidades de las propias provincias, por sus limitaciones para acceder a los mercados voluntarios de crédito en dichas circunstancias».
Fue en este aspecto que habló de la relación «indisoluble y permanente» de las provincias con el Estado Nacional, y consideró que es éste el que «tiene el deber de agotar sus esfuerzos en tal sentido, sin relevar a las provincias de sus responsabilidades ni de sus atribuciones constitucionales, lo que permitiría aliviar la situación financiera».
El gobernador de Chubut judicializó no sólo la retención de parte de la coparticipación sino también la suma específica que dejó de percibir, y se refirió a «la gravedad del monto alcanzado se adiciona el escaso tiempo en el que se pretende la misma sea cancelada, esto es, en los próximos diez meses».
La demanda que inició el conflicto explica que la pérdida de más de un tercio de la coparticipación, empezada a descontar de lo que la Provincia le corresponde diariamente, a partir del pasado 19 de febrero de 2024 «habría hecho mella en las arcas provinciales a pesar de los reiterados pedidos de refinanciación efectuados y de los que nunca se tuvo respuesta».
Diferencia de criterio
La Justicia Federal de Chubut hace foco en cuanto a la asistencia que venía recibiendo la provincia ante sus problemas financieros y el criterio adoptado por la gestión de Javier Milei.
Sobre este punto, el juez Sastre indicó: «Habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas públicas provinciales», del gobierno recientemente asumido.
Es allí, que destacó que se accionar «habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo».
Es en el marco de esa aclaración, que el juez afirma: «El accionar de la demandada, esto es, desoír o guardar silencio a una petición de refinanciación o cancelación de la actora, no ha sido acorde a su actuar pasado, en efecto, se encuentra en clara contradicción con la conducta asumida con anterioridad».
Crítica directa al Gobierno nacional
En un tramo de sus argumentaciones, el juez federal de Rawson se refiere a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional como «irracional», al entender que es «contraria a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda» que originó el reclamo judicial.
Señala el magistrado que el Gobierno nacional se encuentra en una «posición claramente dominante» y que aun así «decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».
En el fallo de 17 páginas, el juez indica a su vez que el Estado nacional omitió adoptar «medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía» de la provincia de Chubut, provoca la retención de parte de los fondos coparticipables que le corresponden.
En efecto, continuó diciendo, «una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales».
Cargando ...
Agregue un Comentario