Es por la estatización de la petrolera que decidieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof. El Gobierno reservó su derecho de apelación ante la justicia de EEUU.
La Justicia de Estados Unidos dejó firme este viernes el fallo por la expropiación de YPF y Argentina deberá pagar US$ 16.099 millones por la decisión que en su momento tomaron Cristina Kirchner y quien por entonces era su ministro de Economía, Axel Kicillof.
A una semana de que se diera a conocer la resolución de la jueza de Nueva York Loretta Preska, la magistrada publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF. Se trata de un fallo catastrófico por el que Argentina deberá pagarle poco más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi.
Preska publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF. Lo hizo después de desechar un pedido de aclaración de una fecha presentado por los abogados de la Argentina. «La República, no satisfecha con la extraordinaria libertad que se le concedió en el juicio para insertar nuevas cuestiones de hecho y de derecho, intenta una emboscada final al argumentar que la conclusión del Tribunal de que los intereses deberían correr desde el 3 de mayo de 2012, fecha en que la República repudió sus obligaciones, exige que la indemnización se calcule también a partir de esa fecha».
También señaló Preska que «Sin embargo, el tribunal utilizó la fecha del 3 de mayo de 2012 con un solo propósito: fijar la fecha a partir de la cual «deben correr los intereses previos a la sentencia». Y sigue: «La Corte sostuvo que, a pesar del incumplimiento de los Estatutos por parte de la República el 16 de abril, sus obligaciones de intereses no comenzaron a correr hasta la aprobación por el Congreso argentino de la Ley de Expropiación de YPF el 3 de mayo de 2012, lo que evitó la necesidad de que los demandantes proporcionaran a la Argentina una notificación formal de incumplimiento.»
Ahora, el caso está técnicamente cerrado y firme. Queda la posibilidad de que la Argentina lo lleve a la Cámara de Apelaciones y en última instancia solicitar que el sea admitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En ambos casos, las chances de éxito son ínfimas, según los especialistas que siguieron el tema de cerca.
Los pagos fueron definidos así según se puede leer en el documento conocido ayer.
La juez Preska dijo que los demandantes Petersen Energia Inversora y Petersen Energía (en conjunto, «Petersen») y Eton Park Capital Management; Eton Park Master Fund y Eton Park Fund (en conjunto,»Eton Park») recuperarán en su demanda por incumplimiento de contrato del demandado (la República Argentina) de la siguiente manera:
-Petersen cobrará US$ 14.385 millones (US$ $7.533 millones por daños más US$ 6.852 millones de intereses calculados a una tasa del 8% anual desde el 3 de mayo de 2012 hasta el 15 de septiembre de 2023).
-Eton Park cobrará US$ 897 millones en concepto de daños más US$ 816 millones por intereses corridos al 8% anual desde el 3 de mayo de 2012.
Petersen y Eton Park también cobrarán los intereses posteriores a la sentencia -los que corran desde hoy mismo hasta la fecha en que el pago se concrete) aplicando para ello una tasa de interés que hoy está en el 5,42% anual.
Argentina, sabiendo que el juicio ya estaba perdido, pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares. La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios argentinos en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.
Argentina quería que la jueza Loretta Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día. Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de US$ 5.000 millones.
El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento -Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.
En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de US$ 8.300 millones, aun con un 0% de interés, como quería Argentina. De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza. Es decir que la magistrada se inclinó por la mayor penalización para la Argentina.
La Argentina reservó su derecho de apelación ante la justicia de EEUU
La Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.
Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza de Nueva York a cargo del caso, Loretta Preska, y a la que tuvo acceso Télam.
«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.
La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país «de que se ha negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar una presentación conjunta», afirmó el abogado litigante Dereck Ho.
El pasado 8 de septiembre, apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional anunció que iba a apelar «inmediatamente» el fallo emitido por Preska en una causa por la estatización de YPF.
El estudio de abogados Sullivan & Cromwell manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York, y ratificó «la intención de apelar la sentencia».
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