El ministerio público fiscal entrerriano también pidió la inhabilitación perpetua para Urribarri, a quien el gobierno nombró embajador y le dio protección política.
La Fiscalía de Entre Rios pidió este jueves 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el actual embajador en Israel y Chipre y exgobernador Sergio Urribarri por varios casos de supuesta corrupción.
Además, la fiscalía solicitó a un tribunal oral 10 años de cárcel para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, actual funcionario del Senado entrerriano y 10 años para el exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial del PJ, Pedro Angel Baez.
El fiscal Gonzalo Badano también pidió el decomiso de todos los bienes de las imprentas del cuñado de Urribarri porque entiende que se habían comprado con fondos provenientes de la corrupción. Se trata del edificio, la maquinaria, vehículos y todo su equipamiento técnico.
En su alegato, Urribarri se declaró inocente y atacó al periodista de Entre Ríos, Daniel Enz, y al diputado nacional del Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, como supuestos miembros de un inexistente complot en su contra. Sin embargo, el kirchnerismo había logrado sacar del juicio a la fiscal anticorrupción.
Hasta ahora, Urribarri cuenta con la protección política de la vicepresidenta Cristina Kirchner y continúa en su cargo en Israel.
La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue suspendida en diciembre en su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, que además determinó que será sometida a un jury.
La decisión se tomó una semana después de que se le abriera una investigación, y mientras lideraba un juicio en contra del ex gobernador Urribarri. Además, le redujeron su sueldo un 30%.
Al ex mandatario de Entre Ríos y actual embajador en Israel se lo acusa por corrupción en distintos expedientes judiciales. Goyeneche era quien coordinaba el cuerpo de fiscales que trabajaban en ese proceso contra Urribarri. Además, los apartaron del proceso y designaron en su lugar un conjuez.
En el juicio contra Urribarri y otros ex funcionarios entrerrianos se investiga el desvío de unos US$ 7,5 millones en pos de motorizar la campaña del entonces gobernador para presidente, en 2015.
Se acusa a él, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, a su pareja Luciana Almada y a miembros de dos empresas de publicidad de Paraná, que habrían sido prestanombres.
Según lo que dijo Goyeneche en una entrevista los dos abogados que la denunciaron, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, mantenían vínculos estrechos y amistad con el que está denunciado como el «recaudador» de Urribarri, Alfredo Bilbao, apuntado en otro expediente, que investiga el denominado caso «contratos», con un fraude superior a los US$ 50 millones en 10 años.
Fuentes cercanas al ex gobernador Urribarri, en cambio, sostienen que en realidad al jury lo «promovieron abogados de la oposición», los mismos que lo denunciaron a él y con quienes tendría un enfrentamiento político que es de «publico conocimiento» en Entre Ríos. Uno de ellos, Mulet, siempre según estas fuentes, está en juicio con el hoy embajador por calumnias e injurias.
Además, a Urribarri se lo investiga en dos expedientes por su gestión como gobernador. Por un lado, está el denominado caso «contratos», en el que la Corte Suprema de Justicia debe definir si es de competencia federal o provincial, y por otro el que se estudian cobros de importantes montos de dinero con tarjetas de débitos que habían percibido tres personas y en el que está involucrado Juan Pablo Aguilera, cuñado y mano derecha de Urribarri.
Se cree que que en los 10 años investigados se extrajeron más de US$ 50 millones.
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