La Secretaría de Inclusión Social destinaba los fondos por alimentos a las organizaciones sociales para atender las necesidades de centros de asistencia que nunca funcionaron. Quién es la dirigente que reportaba a Máximo Kirchner y administraba el presupuesto del área.
El escándalo por los fondos desviados durante el kirchnerismo a las organizaciones sociales llegó a la Justicia en mayo y amenaza con llevar a indagatoria a los principales dirigentes piqueteros del país y a funcionarios que gestionaron el dinero público en el Ministerio de Desarrollo Social en los últimos cuatro años, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Pero en los últimos días en Tribunales pusieron en la mira a una caja estratégica que tuvo a cargo La Cámpora y desde la que se repartieron fondos por el equivalente a US$ 10.000 millones entre 2020 y 2023: la Secretaría de Inclusión Social, a cargo de Laura Valeria Alonso, dirigente de la organización que lidera Máximo Kirchner y que responde de manera directa al diputado nacional de Unión por la Patria.
Desde el programa Políticas Alimentarias, la Secretaría de Inclusión Social de Alonso tuvo a su cargo el control de la Tarjeta Alimentar, el plan social más importante durante el kirchnerismo junto al Potenciar Trabajo, todavía vigente en la gestión de Javier Milei, pero también administró el dinero de los comedores, observado en la Justicia luego de que el actual Gobierno denunciara la inexistencia de 1.600 de los más de 3.500 que figuran en funcionamiento, es decir, de casi la mitad de ellos.
Exactamente US$ 10.292 millones se destinaron desde la Secretaría de Inclusión Social a Políticas Alimentarias y sus subprogramas. A un tipo de cambio promedio del BNA de $ 70,6, controló US$ 1.887 millones en 2020 ($ 133.233 millones); US$ 2.574 millones en 2021 ($ 244.789 millones a $ 95,1 por dólar); US$ 2.991 millones en 2022 ($ 410.144 millones a $ 137,1 por dólar) y US$ 2.840 millones en 2023 ($ 838.368 millones a $ 295,2 por dólar).
La mayor parte de esos fondos fueron a la Tarjeta Alimentar, que impacta de manera directa en cuatro millones de personas, pero el resto de los subprogramas también manejaron recursos, sobre todo los que tuvieron que ver con los comedores y merenderos, que en el último año administraron al menos $ 35.000 millones. En medio de acusaciones cruzadas por el uso de la plata destinada a alimentos, incluso en el actual Gobierno, el kirchnerismo duro fue el que tuvo a cargo el joystick de la caja más sensible de todas.
Leal a Máximo y Cristina, y enfrentada con Pérsico
Desde principios de 2021, Clarín viene relatando en detalle la puja de poder y por caja que protagonizaron los distintos actores del área social en el gobierno de Alberto Fernández. Tal vez el caso de disputa más emblemático fue el del Movimiento Evita con La Cámpora, que se repartieron el 90% del presupuesto de Desarrollo Social y estuvieron durante más de tres años peleando por ver quién acumulaba más poder.
El Evita tuvo como referente central a Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, que tuvo a su cargo el control del Potenciar Trabajo, principal plan social del kirchnerismo, y que sólo durante 2023 manejó un presupuesto superior al $ 1 billón, el equivalente a US$ 3.472 millones, siguiendo el dólar promedio de ese año. Un año antes, el gasto en el área había sido de US$ 3.574 millones; en 2021, US$ 2.382 millones; y en 2020, US$ 1.150 millones.
El total arroja una cifra de US$ 10.578 millones en cuatro años, similar al gasto en Políticas Alimentarias, pero en claro ascenso en la segunda mitad del gobierno de Fernández. Ese crecimiento de recursos es el que molestaba en la Secretaría de Inclusión Social, manejada por La Cámpora y en plena interna entre el kirchnerismo duro y el entonces albertismo, actualmente desintegrado.
Al frente de Inclusión Social estuvo siempre Laura Valeria Alonso, camporista de la primera hora, leal a Cristina y Máximo Kirchner, y enfrentada abiertamente con Pérsico y todo el grupo de piqueteros leales a Fernández, que tenían una fuerte influencia dentro del ministerio que encabezaron Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz, todos representantes de un peronismo más conciliador y crítico del kirchnerismo.
Conocida en el kirchnerismo como «la Laura Alonso buena», en contrapunto con la homónima ex diputada del PRO, Alonso tiene 46 años y además de con Máximo tuvo una gran relación con Andrés «Cuervo» Larroque, el referente de Desarrollo Social de Axel Kicillof en la Provincia y también uno de los jefes de La Cámpora.
En su cuenta de Twitter, esta licenciada en Trabajo Social se define como «militante peronista», y además de resaltar el que cargo que tuvo de 2019 a 2023, destaca su paso como diputada nacional por Unidad Ciudadana, antecesora electoral del Frente de Todos y de Unión por la Patria, de 2017 a 2019.
En su paso por el Gobierno, Alonso trabajó cerca también de Fernanda Raverta, contemporánea por edad, también militante de La Cámpora, y a cargo del presupuesto más suculento de toda la estructura nacional en el gobierno de Alberto Fernández, la ANSeS, ente encargado del pago de jubilaciones y asignaciones. En conjunto llevaron adelante el Programa Potenciar Inclusión Joven, destinado a personas de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, un bono que asistió a miles de jóvenes en esos años.
En la mira de la Justicia por giros millonarios
Según reveló Clarín y de acuerdo a la investigación judicial sobre el tema, el gobierno de Alberto Fernández destinó $ 6.023 millones al programa “Políticas Alimentarias” que no se lograron determinar aún si efectivamente «fueron dirigidos a los fines correspondientes”, detallaron fuentes judiciales. Desde ese programa, dependiente de la Secretaría de Inclusión Social de Alonso, salieron los fondos a comedores que nunca existieron.
Un extenso listado que detalla 889 erogaciones realizadas por distintas áreas del ministerio expone las partidas multimillonarias que se destinaron a un conjunto de cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles. La planilla remitida a la justicia federal, y a la que accedió Clarín, muestra que la cifra global que se pagó en concepto de programas y planes de asistencia social de diversa índole asciende a $ 15.897 millones.
Como contó este medio, cerca de $ 600 millones fueron destinados a dos asociaciones que están bajo investigación por posible desvío de fondos: la Asociación Civil Caminos de Tiza (de Barrios de Pie) y la Asociación Civil Polo Obrero.
Aunque una investigación paralela sobre el destino de fondos a comedores pone la lupa en otras organizaciones y revela que la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, que responde al Movimiento Evita, fue beneficiada $ 909 millones y que la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros fue receptora de $ 762 millones en concepto de alimentos. Ambas lideran, además, un largo listado de transferencias discrecionales que hizo el gobierno anterior y que se engloba en un total de casi US$ 300 millones en cuatro años.
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