El máximo tribunal pidió primero que el Procurador opine si es de su competencia originaria y en febrero decidirá si se mete en el caso. El gobernador Quintela firmó la presentación con el asesoramiento de Zaffaroni, dijo que el DNU tiene «malignidad».
En una resolución, la Corte pidió la opinión del Procurador General de la Nación provisorio, Eduardo Casal, como corresponde, antes de decidir si acepta tratar el tema. Además, resolvió que tomará una posición después de la feria judicial de enero, es decir en febrero.
La dio este trámite al amparo porque se trataría de una cuestión originaria, es decir un conflicto entre las provincias y el gobierno nacional, mientras más de 25 pedidos de suspensión del DNU se tramitan en juzgados de instrucción, pero presentados por sindicatos, abogados o ONGs.
Los pedidos de amparos tardarán meses en definirse en las instancias judiciales inferiores. Este es el primero que llega directo a la Corte por tratarse de una provincia.
Además, durante las sesiones extraordinarias del Congreso en enero podría haber un apoyo o rechazo al DNU 70 lo que dejaría otro escenario legal para la Corte.
Mientras tanto, el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari aceptó un pedido del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, para que se unifiquen todos los pedidos de amparo, incluso el de la CGT, en su juzgado. Barra tiene buenos contactos en ese fuero. Furnari ya pidió al fuero laboral el amparo que la CGT presentó ante la justicia laboral.
En cambio, en la justicia laboral tiene mucha influencia el ex diputado K, Héctor Recalde, el mismo que anticipó que iba a haber “una lluvia de amparos” contra el DNU.
La Rioja pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la «inconstitucionalidad manifiesta» del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la «competencia originaria» para entender en el asunto. Pero el máximo tribunal dio vista al procurador interino y denegó abrir la feria, que técnicamente comienza el lunes y se extiende por todo febrero.
La provincia de La Rioja hizo su presentación a través de una «acción declarativa de certeza» presentada por el gobernador Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte y asesor de Cristina Kirchner, Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra. Paradójicamente, Quintela recurre ahora a la Corte cuando a mediados de año fue uno de los gobernadores que apoyó la jugada de la ex presidenta Cristina Kirchner de abrirle un juicio político a los cuatro miembros del máximo tribunal.
Como primera medida, la Corte dio vista al procurador interino, Eduardo Casal, para que determine si el conflicto es competencia o no del máximo tribunal, al tiempo que denegó abrir la feria aclarando que se «estudiarán las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero», dice la resolución.
En la «acción declarativa de certeza» de La Rioja se pidió que se declare «la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución» y que de manera inmediata «se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos» del DNU.
También se solicita a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo «no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa».
La competencia originaria del máximo tribunal se justificaría en que en la causa es parte una provincia que demanda al Gobierno nacional.
«Se ha definido que también corresponde a la instancia originaria las causas que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos», argumentaron los abogados del gobernador Quintela.
El DNU «tiene malignidad para hacer crujir los fundamentos del Estado. Por dicho motivo, en el entendimiento que se concurre a un ámbito para la armonía del federalismo y la paz, queda debidamente asentada la competencia originaria para entablar esta demanda por la naturaleza del demandante y el objeto enteramente federal de la cuestión que se problematiza y deduce con expectativa de reparación inmediata», se argumentó.
El DNU firmado el 21 de diciembre pasado y puesto en vigencia hoy «produce perjuicios irreparables por resultar contrario a los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución federal y los artículos 26 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)», enumeraron Zaffaroni y Ferreyra».
Por ende, «se solicita se resuelva la incertidumbre» en torno a su aplicación y ante la «gravedad institucional, en la inteligencia que conmueve duramente las bases republicanas y democráticas de la Argentina y por ende trasciende los márgenes del caso», advirtieron.
El abogado Raúl Ferreyra, uno de los patrocinadores de Quintela, señaló a la agencia Télam que «se le está pidiendo a los señores jueces que defienda el federalismo y que sostengan la democracia y la armonía en paz de todos los argentinos», según afirmó en declaraciones al canal C5N.
El letrado destacó principalmente que esta acción fue presentada «en la competencia originaria de la Corte» que es la «competencia jurisdiccional más importante de toda la Argentina».
«Es una gran decisión la del gobernador porque el problema jurídico ya está planteado en los despachos de los jueces de la Corte Suprema. Ya no hay que esperar primera instancia y segunda instancia para que llegue a la Corte», apuntó.
Y detalló que ahora el máximo tribunal deberá decidir si «habilita la feria judicial de enero como pedimos» al igual de que si dicta la medida cautelar como fue pedido en la presentación realizada para «suspender los efectos de la medida».
«La competencia originaria de la Corte no es cualquier competencia. Fue pensada como la de la armonía federal y de la paz. Se pensó para que las provincias resuelvan sus problemas jurisdiccionales con el Estado nacional a través de un tercero imparcial que es la Corte Suprema», destacó.
El Gobierno de La Rioja pidió habilitar la feria judicial para tramitar la causa principal y también para el dictado, notificación y cumplimiento de la medida cautelar pedida.
«Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales», posteó al respecto el gobernador Quintela en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
El reclamo, dijo, que lo hace «en nombre de la provincia» y para conseguir en el Poder Judicial de la Nación un «pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia», explicó el mandatario.
Contra la vigencia del DNU de desregulación económica hay presentados una treintena de amparos entre los fueros Contencioso Administrativo Federal y del Trabajo, pero hasta el momento ningún juzgado dictó medida cautelar para suspender su vigencia.
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